Tras una investigación de tres años que incluyó escuchas telefónicas y peritajes bancarios, el tribunal determinó que los uniformados representaban un peligro para la seguridad del sistema carcelario. Los imputados deberán cumplir la medida cautelar en Valdivia para asegurar la transparencia del proceso.
En una resolución que sacude los cimientos de Gendarmería de Chile, el Juzgado de Garantía de Puerto Montt decretó la prisión preventiva para siete funcionarios de la institución. Los uniformados son acusados de liderar y participar en una red de corrupción sistemática al interior del penal Alto Bonito, involucrando delitos como cohecho, asociación ilícita y presunto lavado de activos.
Tarifas de la ilegalidad: Desde alcohol hasta «mexicanas»
Durante las dos jornadas de audiencia, que sumaron más de cinco horas de alegatos, la fiscal Nathalie Yonsson desglosó un crudo «catálogo» de servicios ilegales que los gendarmes ofrecían a los internos. Entre los hechos más graves descritos por el juez Rolando Díaz se encuentran:
- Ingresos prohibidos: Pagos de $150.000 por botellas de ron en Año Nuevo y $20.000 por cada teléfono móvil ingresado.
- Narcotráfico y estafas: Transacciones de hasta $300.000 presumiblemente vinculadas a drogas y la facilitación de infraestructura para realizar estafas telefónicas desde las celdas.
- Falsos operativos: Uno de los imputados, quien fuera dirigente gremial, participaba en las denominadas «mexicanas», donde incautaban elementos prohibidos o «pelotazos» para luego cobrar rescate a los reos y devolverles la mercancía.
- Privilegios sexuales: Se permitía que los internos mantuvieran relaciones sexuales con visitas en zonas no habilitadas, como los baños, a cambio de prebendas.
Peligro para la seguridad pública
Pese a que las defensas de los imputados intentaron desestimar los cargos de lavado de activos y asociación ilícita argumentando falta de bienes adquiridos, el tribunal fue tajante. El juez determinó que la libertad de los funcionarios constituía un peligro inminente para el éxito de la indagatoria y para la sociedad, dado que vulneraron el control de las cárceles, uno de los núcleos más sensibles del Estado.
Mientras que los siete gendarmes fueron trasladados a la región de Los Ríos para cumplir su reclusión en Valdivia, la octava imputada —pareja de un interno y colaboradora en la red— quedó bajo la medida de arresto domiciliario total.
La investigación, que se inició en 2023 tras detectar movimientos sospechosos, tendrá un plazo de 200 días para el cierre de las indagatorias, periodo en el cual se espera profundizar en la ruta del dinero y posibles nuevos involucrados.
