En la primera sesión del año, los concejales aprobaron el monto máximo de sus remuneraciones, pero condicionaron el orden de las sesiones: exigen que la asesora jurídica abandone la mesa principal para garantizar la «neutralidad» y el respeto a la jerarquía de las autoridades electas.
La definición de las condiciones de trabajo para el periodo 2026 en Colchane, inició con una marcada división entre el cuerpo de concejales y la administración. El debate, que debía ser un trámite administrativo para fijar dietas y horarios, derivó en una severa interpelación sobre quiénes tienen derecho a sentarse en la mesa donde se toman las decisiones de la comuna.
Como primer acuerdo financiero del año, el Concejo Municipal aprobó por unanimidad la fijación de la dieta mensual para cada uno de sus miembros. El monto se estableció en el máximo permitido por la ley orgánica de municipalidades, equivalente a 15,6 UTM, lo que significa un monto superior a $1 millón, compromiso que asegura la retribución por la asistencia a las sesiones ordinarias y el trabajo de comisiones durante el presente ejercicio.
Disputa por la mesa: «Solo autoridades y el Secretario»
Sin embargo, el clima se tensó al discutir el protocolo de las sesiones. Diversos concejales manifestaron su incomodidad por la presencia física de la asesora jurídica en la mesa principal, exigiendo que tanto ella como el resto de los directivos municipales se ubiquen en los asientos destinados al público o a expositores invitados.
La concejala Maribel Mamani lideró el reclamo, argumentando que la mesa de trabajo debe ser un espacio reservado exclusivamente para las autoridades electas y el Ministro de Fe (Secretario Municipal). «Solicito respetuosamente que la jurídica no sea parte de la mesa. Las autoridades están para la discusión acá; ella puede estar presente, pero como público, a menos que se solicite un pronunciamiento específico», fustigó la edil.
El trasfondo de la exigencia no es solo de ubicación, sino de fondo político. Los concejales acusaron una falta de objetividad en las intervenciones de la abogada municipal:
- Intervención no solicitada: Los ediles criticaron que la jurídica tome la palabra sin que se le requiera, interfiriendo en el debate político.
- Falta de imparcialidad: Se señaló que la profesional actúa bajo una supuesta «inclinación» hacia la alcaldía, enviando incluso «notas privadas» al jefe comunal durante las sesiones, lo que fue calificado como una falta de respeto al proceso democrático.
Por su parte, la defensa de la administración apeló a la facultad del alcalde de citar a los funcionarios que estime pertinentes para el buen funcionamiento del municipio. No obstante, el compromiso de los concejales para este 2026 es claro: hacer valer el reglamento y limitar la mesa de debate solo a quienes fueron elegidos por voto popular.
