La Cámara de Diputadas y Diputados despachó este miércoles el proyecto de reajuste salarial para el sector público, trasladando la discusión al Senado tras una tensa votación en la sala. El texto aprobado contempla un incremento escalonado en las remuneraciones de los funcionarios equivalente al 3,4%, desglosado en un alza inicial del 2,0% a partir de diciembre de 2025 y un 1,4% adicional desde junio de 2026.
Pese al avance del reajuste, la Sala propinó un duro revés al Ejecutivo al rechazar las denominadas «normas de amarre». Entre los puntos descartados destacan la ampliación de giro para Correos de Chile y Enap, los aportes de los Gobiernos Regionales (GORE) a empresas públicas y el nuevo calendario para la entrada en vigor de los Servicios Locales de Educación Pública (Sleps). De los 132 artículos originales, solo 119 lograron sortear la votación en la Cámara Baja.
En relación con ello, Nicolás Grau, ministro de Hacienda, manifestó que el Gobierno no dará por perdidos los puntos rechazados por la oposición durante este primer trámite legislativo. “Buscaremos reponer estos puntos en la discusión en el Senado, especialmente aquellos que fueron alcanzados por acuerdo con la Mesa del Sector Público. Es fundamental mantener la integridad del proyecto negociado con los trabajadores”, enfatizó el secretario de Estado.
La controversia se centró en los artículos que requerían quórum especial, los cuales no contaron con el respaldo suficiente de los parlamentarios. La oposición cuestionó que se incluyeran materias ajenas al incremento salarial propiamente tal, calificando las facultades otorgadas a empresas estatales como una extensión indebida de las funciones del Estado dentro de una ley de reajuste presupuestario anual.
Además, el jefe de la cartera sostuvo que la estrategia legislativa se enfocará ahora en la Cámara Alta para salvar los compromisos adquiridos con los gremios. “Trabajaremos para recuperar la mayoría en los artículos que fueron rechazados, pues son parte esencial del funcionamiento de diversas instituciones públicas y del calendario de implementación de los Sleps”, puntualizó el personero respecto a la próxima etapa legislativa.
