La Fiscalía Regional de Arica y Parinacota formalizó cargos criminales contra cinco nuevas personas en el marco de una compleja investigación por corrupción pública. Con estas detenciones, ya suman 15 los imputados vinculados a una red ilícita que operaba al interior de la Seremi de Bienes Nacionales, donde funcionarios y particulares se habrían concertado para obtener beneficios económicos mediante el uso indebido de sus cargos.
La indagatoria del Ministerio Público reveló que, desde el año 2021, los involucrados establecieron una estructura con roles definidos para agilizar trámites a cambio de pagos ilícitos. Los funcionarios utilizaban su posición para filtrar información interna reservada y manipular procesos administrativos, favoreciendo a usuarios que buscaban gestionar terrenos o bienes fiscales de manera irregular en la región.
La Fiscalía de Arica detalló el funcionamiento de esta presunta asociación delictiva que operaba bajo una jerarquía estricta. “La organización contaba con cuatro líderes, un grupo de funcionarios que actuaban como brazos ejecutivos y otros que cumplían labores de captadores de clientes”, precisó el ente persecutor sobre la logística empleada para el cobro de sobornos.
Entre los delitos que se investigan figuran el cohecho, soborno, falsificación de instrumento público, violación de secreto y tráfico de influencias. Según los antecedentes, la red no solo recibía dinero, sino que gestionaba medios externos para ocultar los pagos, afectando gravemente la probidad administrativa y el patrimonio del Estado en la zona norte del país.
El Ministerio Público confirmó que la audiencia continuará este miércoles 14 de enero, jornada en la que se debatirán las medidas cautelares para los implicados ante el Juzgado de Garantía de Arica. Se espera que la Fiscalía solicite la prisión preventiva para los líderes de la organización, argumentando que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad y el éxito de la investigación.
