Cinco detenidos y dos camiones incautados dejó un procedimiento de Carabineros que detectó el tráfico ilegal de baterías y plomo altamente contaminante en el Valle de Lluta.
El Valle de Lluta despertó esta semana con un silencio inquietante. No era el paisaje agrícola ni el viento habitual lo que alertó a los carabineros, sino un olor penetrante, corrosivo, imposible de ignorar. Ese rastro fue la pista inicial que permitió destapar un grave caso de tráfico ilegal de residuos peligrosos, una amenaza silenciosa para la salud humana y el ecosistema del extremo norte del país.
El operativo fue liderado por la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Cuarta Comisaría Chacalluta, en el marco de servicios preventivos enfocados en delitos ambientales y transnacionales. Durante un patrullaje matinal, el personal policial detectó dos camiones de carga estacionados en un recinto de libre acceso, en un punto estratégico del valle.
Al aproximarse, los funcionarios constataron signos evidentes de peligro: emanaciones de ácido, estructuras metálicas corroídas y líquidos filtrándose desde la carga. La inspección confirmó el peor escenario. Uno de los vehículos transportaba alrededor de 2 mil baterías automotrices en desuso, muchas de ellas quebradas y con derrames activos de sustancias altamente contaminantes. El segundo camión llevaba sacos de plomo a granel, sin rotulación, sin embalaje adecuado y sin ningún protocolo de seguridad ambiental.
Mientras el sitio era resguardado, un automóvil particular llegó al lugar con cinco personas a bordo, quienes comenzaron a manipular la carga con rapidez y coordinación. La escena dejó en evidencia que no se trataba de un abandono fortuito, sino de una operación organizada. Al advertir la presencia policial, los sujetos intentaron escapar, desatando un seguimiento controlado que terminó minutos después en la Ruta 11-CH, donde todos fueron detenidos.
Los cinco individuos, todos adultos, quedaron a disposición de la justicia por infracción al Artículo 44 de la Ley 20.920, que sanciona el tráfico ilícito de residuos peligrosos. Se trata de un delito de alta gravedad, considerando el riesgo directo que este tipo de materiales representa para las personas, los suelos agrícolas, las napas subterráneas y la biodiversidad del sector.
Debido a la toxicidad del material incautado, Carabineros debió aislar de inmediato el área, estableciendo un perímetro de seguridad para evitar la exposición de transeúntes y agricultores a los vapores y filtraciones químicas. Las baterías, muchas en estado crítico, continuaban liberando ácido, lo que obligó a extremar las medidas de resguardo.
El Ministerio Público instruyó la intervención de equipos técnicos especializados para el retiro, manejo y disposición final segura de los residuos, además de la contabilización exacta del material incautado, que incluye baterías y sacos de plomo cuyo volumen total aún está siendo determinado.
Desde Carabineros advirtieron que este tipo de delitos no solo vulnera la normativa ambiental, sino que configura un riesgo permanente para comunidades completas. El caso abre una nueva alerta sobre el uso de rutas rurales y zonas agrícolas como puntos de acopio clandestino de desechos industriales, una práctica que busca evadir controles y trasladar el daño ambiental a territorios vulnerables.
En Lluta, esta vez, el olor del ácido no pasó desapercibido. Y tras él, quedó al descubierto una red que operaba lejos de la vista pública, pero demasiado cerca de la vida cotidiana.
