La Corte de Apelaciones de Arica conoció en detalle el proyecto de construcción del futuro Juzgado de Policía Local de Putre, una iniciativa largamente esperada por la comunidad de la provincia de Parinacota, que permitirá acercar el acceso a la justicia, evitar traslados a Arica y fortalecer la descentralización judicial en el extremo norte del país.
En la fría mañana del altiplano, bajo un cielo que se quiebra entre los ramales de los Andes y las nubes pasajeras, se escucha un rumor distinto al viento: es el murmullo de un pueblo que, por fin, podría dejar de viajar cientos de kilómetros para hacer valer sus derechos ante la justicia. Putre, ese poblado precordillerano enclavado en la provincia de Parinacota, está en la antesala de un cambio que conmueve a su gente. El futuro Juzgado de Policía Local —una vieja aspiración largamente anhelada— ha entrado en fase de concreción, y la Corte de Apelaciones de Arica acaba de conocer los detalles clave del proyecto de su construcción e implementación.
Un anhelo centenario que cobra vida
Es imposible contar esta historia sin retroceder en el tiempo. Desde hace más de 40 años, vecinos, líderes comunitarios y autoridades locales han planteado la urgente necesidad de contar con un tribunal local propio. Hasta ahora, todas las disputas, multas y procedimientos debían resolverse en Arica, a más de 200 kilómetros de distancia, en uno de los tres juzgados existentes de la capital regional.
Sin embargo algo cambió. En julio pasado, la presidenta de la Corte de Apelaciones de Arica, María Verónica Quiroz, viajó hasta Putre para escuchar de primera mano esa demanda histórica y comprobar cómo se multiplican las dificultades cuando una comunidad debe peregrinar hasta la ciudad para gestiones legales que perfectamente podrían resolverse en su propia tierra.
Y este viernes, en un encuentro con el alcalde de Putre, Javier Tito, la ministra Quiroz conoció detalles que transforman una ilusión en proyecto tangible: el terreno ya está definido en Zapahuira, cedido oficialmente por el Ministerio de Bienes Nacionales, y el plan es edificar allí no solo el juzgado, sino también un corralón municipal que coadyuvará en las labores administrativas y de servicios de la comuna.
Un viaje largo, ahora con sentido legal
“El caminar desde aquí hasta Arica para pagar una multa, presentar un reclamo o resolver un trámite judicial no debe seguir siendo una realidad para nuestros vecinos”, dijo el alcalde Tito con voz firme. Para él, y para muchos putrinos, la existencia de un tribunal local es mucho más que un edificio: es dignidad, acceso real a la justicia y fortalecimiento de la comunidad.
Las palabras de Quiroz parecieron responder a esa necesidad profunda. “Como **Corte de Apelaciones nos ponemos a disposición para colaborar con el municipio para la implementación de este juzgado de policía local, que es un anhelo de la comunidad de Putre y de toda la provincia de Parinacota”, afirmó la ministra en un acto que combinó solemnidad institucional con emoción comunitaria.
La ley ya lo anticipó hace más de una década
Lo curioso —y casi irónico— es que el marco legal para este juzgado existe desde enero de 2012, cuando una ley lo creó formalmente, aunque pasó décadas sin concretarse. Esta desconexión entre la letra y la realidad práctica fue una de las piezas que empujaron el desarrollo del proyecto actual. Pasó desapercibido por muchos años entre archivos y disposiciones legales hasta que las gestiones municipales, articuladas con la Corte de Apelaciones, lograron reactivarlo y avanzar en su implementación.
¿Qué cambiará para la gente?
Con la puesta en marcha del juzgado, los habitantes de Putre y de localidades vecinas de la provincia de Parinacota —como General Lagos y zonas rurales dispersas— tendrán la posibilidad de resolver multas, infracciones y otros asuntos locales sin tener que viajar a Arica. Ese cambio, simple en el papel pero profundo en la vida cotidiana, aliviará tiempos, costos y tensiones que se repiten con cada trámite judicial fuera de casa.
Además, la materialización de esta infraestructura es un paso hacia la descentralización real de la justicia, uno de los debates más presentes en regiones alejadas del centro metropolitano. En un país donde la geografía —desde los Andes hasta el desierto— impone distancias y desafíos logísticos, dotar de servicios a quienes viven lejos de los núcleos urbanos no es solo justicia local: es justicia social.
De Putre para Chile
Mientras los ingenieros afinan planos, las autoridades judiciales y municipales ultiman acuerdos y la comunidad mira con expectativa, el proyecto del Juzgado de Policía Local de Putre ya es mucho más que una obra pública. Es la historia de un pueblo que insistió durante décadas para ser escuchado. Es la crónica de un cambio que llegará con rigor institucional y corazón comunitario. Y, aunque las obras aún no arrancan, la presencia del litigio institucional y la voluntad política marcan un antes y un después en la historia del extremo norte chileno.
Porque en Putre —esa ciudad donde el viento parece contar historias antiguas— la justicia dejará de ser un viaje y se convertirá en un destino. Y eso, para sus habitantes, vale más que un pavimento de hormigón.
