En una declaración conjunta de alta relevancia diplomática, los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España alzaron la voz ante la gravedad de los hechos ocurridos en Venezuela. A través de un documento emitido este domingo 4 de enero de 2026, las naciones manifestaron su rechazo a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio venezolano, advirtiendo que estas contravienen los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
Es así como la Cancillería de Chile informó que estas intervenciones representan una amenaza directa a la convivencia continental. «Estas acciones constituyen un precedente sumamente peligroso para la paz, la seguridad regional y ponen en riesgo a la población civil», detalló el comunicado conjunto, subrayando que el uso de la fuerza vulnera la soberanía y la integridad territorial de los Estados.
El bloque de países reafirmó que la situación en el país caribeño debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas. Según el documento, solo un proceso político inclusivo, liderado por los propios venezolanos, puede conducir a una solución democrática y respetuosa de la dignidad humana. En este sentido, hicieron un llamado a la unidad regional para preservar a América Latina y el Caribe como una zona de paz.
El grupo de naciones aliadas exhortó a los organismos internacionales a intervenir para reducir la violencia. «Exhortamos al Secretario General de las Naciones Unidas y a los Estados Miembros de los mecanismos multilaterales pertinentes a hacer uso de sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de las tensiones», sostuvieron los gobiernos firmantes, quienes buscan asegurar la preservación de la estabilidad política.
Finalmente, el comunicado expresó una profunda alerta sobre el control de los activos de la nación. Los países manifestaron su preocupación ante cualquier intento de apropiación externa de recursos naturales o estratégicos, lo que resulta incompatible con el derecho internacional. Con esta postura, la alianza busca frenar cualquier administración foránea que amenace la estabilidad económica y social de la región.
