Un informe de Contraloría revela falta de personal especializado, equipos de control fuera de servicio, pasos fronterizos irregulares activos y una infraestructura deteriorada en uno de los puntos más sensibles del norte del país.
En medio del altiplano, donde el viento corta la respiración y la frontera debería ser una muralla invisible pero infranqueable, el Estado quedó expuesto. El Paso Fronterizo de Colchane —uno de los puntos más sensibles y estratégicos del norte de Chile— fue sometido a una exhaustiva inspección de la Contraloría Regional de Tarapacá, y el resultado es inquietante: fallas graves, equipos inutilizados, personal insuficiente y brechas de control que abren la puerta al delito transnacional.
El diagnóstico no deja espacio para interpretaciones optimistas. El Informe Final N° 669/2025 retrata un complejo fronterizo que opera con más voluntad que recursos, más discursos que tecnología y más riesgos que certezas.
LA VISITA QUE DESTAPÓ LAS FISURAS
La fiscalización comenzó a fines de septiembre, cuando la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, llegó hasta Colchane acompañada por la contralora regional Paula Vera, el jefe de Fiscalización Ricardo Provoste y un equipo técnico especializado. No fue una visita protocolar: fue una inspección en terreno, directa, incómoda.
El objetivo era claro: revisar cómo se está ejecutando el Plan Frontera Segura, evaluar el despliegue de las Fuerzas Armadas y constatar el real funcionamiento del complejo fronterizo. Lo que encontraron fue una suma de debilidades que, acumuladas, configuran un riesgo evidente para la seguridad nacional.
FRONTERA ABIERTA, CONTROL FRÁGIL
Uno de los puntos más críticos detectados es la ausencia de unidades especializadas para enfrentar delitos complejos. Ni la Policía de Investigaciones ni el Servicio Nacional de Aduanas cuentan en Colchane con equipos técnicos dedicados al combate del narcotráfico, pese a que la Ley 20.000 exige capacidades específicas para enfrentar este tipo de delitos.
La falta de personal agrava el escenario. La dotación de funcionarios de la PDI es menor a la requerida para labores de Policía Internacional y la presencia de Carabineros es limitada. En la práctica, esto significa turnos ajustados, menos controles y menor capacidad de reacción frente a situaciones críticas.
Como si fuera poco, la inspección confirmó el tránsito irregular de personas por el llamado Paso Ancestral, una ruta no habilitada que conecta Pisiga, en Bolivia, con Colchane. La frontera, además, está físicamente dañada: la malla perimetral presenta deterioros visibles que facilitan el cruce sin control alguno.
TECNOLOGÍA APAGADA EN LA ZONA MÁS SENSIBLE
El informe también deja al descubierto una paradoja alarmante: en uno de los puntos más vigilados del discurso público, los principales equipos de control no funcionan.
- El Body Scan de la PDI, clave para detectar drogas adheridas al cuerpo, está fuera de servicio.
- Una máquina de rayos X no opera.
- El incinerador del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), fundamental para destruir productos de riesgo sanitario, está inactivo y sin un plan claro de reposición.
En Aduanas, la situación no es mucho mejor. El único camión scanner disponible revisa en promedio apenas 16 camiones diarios, sin registros que expliquen bajo qué criterios se seleccionan los vehículos inspeccionados. En una frontera donde el contrabando y el tráfico ilícito son amenazas permanentes, la falta de trazabilidad levanta más preguntas que respuestas.
CONTRALORÍA APRIETA EL ACELERADOR
Ante este panorama, la Contraloría no se quedó en la constatación. Ordenó acciones concretas y plazos implícitos.
La PDI deberá acreditar la operatividad del Body Scan y garantizar la presencia permanente de la Brigada Antinarcóticos en el complejo. Aduanas, en tanto, tendrá que aumentar la frecuencia de fiscalización, optimizar el uso del camión scanner y justificar técnicamente sus procedimientos.
El SAG fue instruido a asegurar el funcionamiento del incinerador, mejorar sus procesos internos y cerrar brechas sanitarias. Finalmente, la Delegación Presidencial Regional quedó mandatada a coordinar la reposición de equipos críticos y reforzar una infraestructura que hoy muestra señales evidentes de desgaste.
UNA FRONTERA QUE INTERPELA AL ESTADO
Colchane no es solo un punto en el mapa: es una puerta de entrada, un termómetro de la capacidad del Estado para controlar su territorio. El informe de Contraloría no habla de hechos aislados, sino de un sistema que funciona al límite.
Mientras el viento sigue soplando en el altiplano y los pasos irregulares continúan activos, el mensaje es contundente: la frontera norte exige decisiones urgentes, inversión real y controles que funcionen, no solo en el papel.
Porque cuando la tecnología no opera, el personal no alcanza y la infraestructura falla, la frontera deja de ser un límite y se transforma en una grieta. Y por esa grieta, el riesgo entra sin pedir permiso.
