La Contraloría General de la República rechazó de manera definitiva el intento del Ministerio de Salud por habilitar un aumento de remuneraciones para la ministra Ximena Aguilera, ratificando que la asignación de modernización es incompatible con el beneficio especial que ya reciben las autoridades del sector salud.
Un portazo administrativo sacudió los pasillos del Ministerio de Salud y volvió a encender el debate sobre privilegios, probidad y límites del poder. La Contraloría General de la República rechazó de manera tajante cualquier fórmula que permitiera aumentar la remuneración de la ministra Ximena Aguilera, descartando reinterpretaciones legales y reafirmando que la autoridad ya recibe el máximo estipendio permitido por ley.
El dictamen, fechado el 24 de diciembre de 2025 y suscrito por la contralora Dorothy Pérez, no solo frenó la maniobra impulsada desde el propio Minsal, sino que dejó un mensaje inequívoco: no existen atajos administrativos para mejorar los sueldos de las autoridades, aunque se intente vestir la solicitud como una “revisión técnica” o una “reconsideración parcial”.
La maniobra que no prosperó
El origen del conflicto se remonta a una consulta elevada por la División Jurídica del Ministerio de Salud, que buscaba reabrir una discusión ya zanjada por la Contraloría meses antes. La tesis ministerial apuntaba a que la ministra, en su calidad de autoridad de gobierno, podría acceder a la denominada asignación de modernización, beneficio regulado por la Ley N° 19.553, argumentando una supuesta diferencia entre autoridades y funcionarios.
Sin embargo, el órgano fiscalizador desarmó punto por punto ese razonamiento. En su análisis, sostuvo que la ley no distingue donde el legislador no lo ha hecho, y que las autoridades del sector salud —incluida la ministra— están explícitamente comprendidas dentro del marco de incompatibilidades que impide acumular beneficios remuneracionales con una misma finalidad.
Doble pago, una línea roja
La Contraloría fue especialmente enfática en un punto clave: la asignación especial del sector salud (Ley N° 19.490) y la asignación de modernización persiguen exactamente el mismo objetivo, retribuir el cumplimiento de metas institucionales. Permitir que ambas se paguen de manera simultánea equivaldría, en términos simples, a cobrar dos veces por el mismo concepto, algo que vulnera la jurisprudencia administrativa y principios básicos del gasto público.
Por ello, el dictamen ratifica que la ministra Aguilera solo puede percibir el beneficio ya establecido: un 5% adicional sobre la base legal, pagado trimestralmente, y nada más.
Silencio institucional y explicaciones a medias
Tras conocerse la resolución, desde el Ministerio de Salud se limitaron a emitir una escueta declaración, señalando que la consulta surgió al detectar “una desigualdad significativa” respecto de otros ministros de Estado. No hubo detalles, cifras ni proyecciones. Tampoco una autocrítica explícita. El fondo del asunto —habilitar un aumento salarial— quedó cuidadosamente fuera del relato oficial.
Un dictamen que cae en terreno minado
La decisión de la Contraloría no ocurre en el vacío. Llega en un momento particularmente sensible para la ministra de Salud, quien ha estado bajo el escrutinio público y parlamentario por la cirugía practicada a su madre en un sistema tensionado por largas listas de espera. Aunque el Gobierno ha defendido que se trató de una decisión estrictamente médica, el episodio abrió un debate incómodo sobre trato preferente, percepción de privilegios y desigualdad en el acceso a la salud.
En ese contexto, el rechazo al aumento salarial fue leído en la oposición como una señal política potente. Parlamentarios anunciaron nuevas acciones de fiscalización, mientras desde el oficialismo se optó por cerrar filas y bajar el tono, conscientes del desgaste que arrastra el tema en la opinión pública.
Señal institucional clara
Más allá del caso puntual, el dictamen marca un precedente relevante. Refuerza los límites legales a las remuneraciones de las autoridades, reafirma la autonomía del ente contralor y despeja cualquier intento futuro de reinterpretar la normativa para incrementar ingresos por la vía administrativa.
En lenguaje simple, la Contraloría dejó el mensaje escrito en piedra: la ley se cumple tal como está, no como algunos quisieran leerla. Y en esta ocasión, el portazo fue definitivo.
