La Contraloría General de la República (CGR) emitió un crítico informe de seguimiento que pone en entredicho la transparencia del Sistema de Admisión Escolar (SAE) durante el proceso 2024. El organismo detectó que 31.531 estudiantes lograron matricularse en establecimientos a nivel nacional sin respetar el orden de postulación ni registrarse en la plataforma oficial. Según la auditoría, estas inscripciones se realizaron de forma irregular, permitiendo que miles de alumnos se saltaran la fila virtual diseñada para garantizar la igualdad de condiciones.
Es así como la Contraloría General de la República, en su informe final de investigación N°380, señaló que los citados alumnos y establecimientos educacionales “no cumplieron con el proceso establecido, obteniendo una matrícula de forma irregular y por fuera del citado registro público digital ‘Anótate en la Lista’”.
El documento revela además una preocupante falta de cobertura, informando que al 15 de mayo de 2024 persistían 4.521 menores sin matrícula a pesar de haber cumplido con todas las etapas del proceso. El ente fiscalizador cuestionó la ausencia de manuales de procedimientos formales y la falta de interoperabilidad entre los sistemas del Mineduc, lo que impidió llevar una trazabilidad real de los estudiantes y permitió vulnerabilidades tan graves como postulaciones con el RUT de personas fallecidas.
La entidad fiscalizadora, dirigida por Dorothy Pérez, enfatizó que “no se evidencian acciones de control que permitan llevar un seguimiento y supervisión de la trazabilidad del estudiante”, concluyendo que la Subsecretaría de Educación no cuenta con mecanismos que impidan a los sostenedores matricular alumnos por fuera del registro público.
Finalmente, el informe ratifica que se encuentra en curso un procedimiento disciplinario por la contratación directa de la empresa TetherEducation Chile SpA (TetherEd). La CGR determinó que dicha contratación no se ajustó a derecho y cuestionó la existencia de servicios «premium» cobrados a los establecimientos bajo una modalidad ajena al contrato estatal. Ante la gravedad de los hallazgos, la Contraloría otorgó un plazo de 60 días para que el Ministerio elabore la reglamentación interna que hasta hoy es inexistente.
