Un fallo poco habitual dictado por la Corte de Apelaciones de Concepción generó debate en la comuna de Hualpén, luego de que el tribunal acogiera un recurso de protección presentado por Luz Matus, adulta mayor de 91 años, quien denunció una afectación grave a su calidad de vida debido a los constantes ladridos del perro de sus vecinos.
Según los antecedentes del caso, la mujer expuso ante la justicia que el ruido permanente alteró su rutina diaria, su descanso y su tranquilidad, provocándole estrés, angustia y episodios de desesperación, al punto de temer por su estado de salud. El tribunal consideró acreditado que la situación vulneraba sus derechos fundamentales.
En su resolución, la Quinta Sala del tribunal calificó los hechos como “violencia sorda”, una figura jurídica que alude a afectaciones no físicas, pero persistentes, que interfieren con el descanso, generan ansiedad y pueden agravar enfermedades preexistentes, especialmente en personas de edad avanzada. Bajo este criterio, se ordenó a la dueña del animal adoptar medidas concretas para modificar la conducta del perro, incluyendo acciones de aislamiento acústico.
El can involucrado, llamado “Rocko”, pertenece a una familia del sector que rechazó la versión de la denunciante. Su propietaria sostuvo que el perro no presenta problemas de comportamiento y que los ladridos serían una reacción a supuestas acciones de hostigamiento, como el uso de dispositivos de ultrasonido y otros elementos para ahuyentarlo. La mujer anunció que apelará el fallo, cuyo plazo vence en los próximos días.
El caso no solo ha dividido opiniones entre vecinos, algunos de los cuales aluden a conflictos previos entre ambas partes, sino que también planteó un desafío para la Municipalidad de Hualpén. El alcalde Miguel Rivera reconoció que se trata de una situación inédita y que el municipio deberá evaluar, junto a sus direcciones técnicas, cómo apoyar el cumplimiento de lo resuelto por la Corte.
La resolución abrió un debate mayor sobre la convivencia vecinal, el derecho al descanso, la tenencia responsable de mascotas y las limitaciones de la infraestructura habitacional, instalando un precedente que podría influir en futuros conflictos similares a nivel comunal y regional.
