LAS PUERTAS SE ABREN, LA CRISIS SIGUE: MADURO EXCARCELA A 99 PRESOS TRAS UN AÑO DE ENCIERRO
El gobierno de Nicolás Maduro confirmó la excarcelación de 99 personas detenidas tras las protestas que siguieron a las elecciones presidenciales de 2024, marcadas por denuncias de fraude. Las liberaciones, otorgadas bajo medidas cautelares, se producen más de un año después de los arrestos y en medio de una profunda crisis política, cuestionamientos internacionales y denuncias de represión por parte de ONG de derechos humanos.
Las rejas se abrieron en silencio, lejos de las cámaras y sin discursos grandilocuentes. Fue en Navidad, cuando Caracas baja el volumen y las cárceles parecen quedar fuera del calendario. Venezuela liberó a 99 personas que llevaban más de un año privadas de libertad por protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro, un gesto que el oficialismo presenta como una señal de “paz y justicia”, pero que para organizaciones de derechos humanos apenas roza la superficie de una crisis política y humanitaria que sigue abierta.
La decisión fue confirmada por el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, que informó la excarcelación de ciudadanos detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, proceso marcado por denuncias de fraude y por una ola de protestas que sacudió varias ciudades del país. Aquellas manifestaciones —rápidamente reprimidas— dejaron miles de detenidos, acusaciones de terrorismo y una herida institucional que aún no cicatriza.
Un año tras las rejas por protestar
Los ahora liberados habían sido imputados por delitos como “incitación al odio” y “hechos de violencia”, figuras penales ampliamente cuestionadas por organismos internacionales por su uso contra la disidencia. Según el comunicado oficial, el Estado evaluó “caso por caso” y otorgó medidas cautelares, lo que implica que la mayoría de los excarcelados continúa bajo procesos judiciales abiertos, con restricciones de movilidad y supervisión.
El Gobierno venezolano defendió la medida como parte de su “compromiso con el diálogo” y aseguró que incluso en un contexto de “asedio imperialista” —una referencia directa a la presión internacional y al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe— se garantizan los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Para el Ejecutivo, no se trata de presos políticos, sino de ciudadanos sancionados por “graves hechos punibles”.
Historias que contradicen el discurso
Entre los nombres que trascendieron figura Marggie Orozco, una médica condenada a 30 años de prisión por criticar a Nicolás Maduro en un mensaje privado de WhatsApp. Su caso se transformó en símbolo de la criminalización de la opinión y fue citado por ONG como ejemplo del uso desproporcionado del sistema penal.
Organizaciones como Foro Penal y otras plataformas de derechos humanos reportaron que las excarcelaciones comenzaron a concretarse durante la jornada del jueves, en medio de celebraciones navideñas y bajo un estricto hermetismo. Para los familiares, la liberación llegó sin previo aviso; para muchos, con la mezcla amarga de alivio y rabia tras más de doce meses de incertidumbre.
Cifras que no cuadran
Tras las presidenciales de 2024, más de 2.400 personas fueron detenidas, según cifras oficiales. Aunque la Fiscalía asegura que más de 2.000 ya han sido excarceladas bajo medidas cautelares desde el año pasado, las ONG mantienen un diagnóstico distinto: 902 presos políticos seguían encarcelados hasta el 15 de diciembre, de acuerdo con el último balance de Foro Penal.
El contraste es brutal. Mientras el gobierno insiste en que Venezuela está “libre de presos políticos”, la oposición y organismos internacionales hablan de represión sistemática, juicios sin garantías y un aparato judicial alineado con el poder político.
Un gesto, no un giro
Las liberaciones de Navidad marcan además el reinicio de un proceso que había quedado congelado desde marzo, según denunciaban familiares de los detenidos. El gesto, aunque significativo para quienes recuperaron la libertad, no implica un cambio estructural ni una amnistía general. Es, más bien, una válvula de escape en un contexto de presión internacional, tensiones geopolíticas y un país exhausto.
En Caracas, el mensaje oficial habla de soberanía y justicia. En las afueras de las cárceles, el relato es otro: madres que vuelven a abrazar, expedientes que siguen abiertos y una pregunta que nadie responde del todo: ¿cuántos más quedan dentro?
La Navidad trajo libertad para 99 personas, pero en Venezuela, la cuenta pendiente sigue siendo mucho mayor.
