Con la golpiza a Rubén Pérez, el barrio Coliseo denuncia sentirse abandonado: cámaras que vigilan pero no intervienen, patrullas que llegan tarde y autoridades que no escuchan. La comunidad exige protección real mientras el microtráfico se consolida en el casco antiguo sin freno.
La ciudad que alguna vez se promocionó como postal costera del norte chileno amaneció estremecida. Este lunes, la brutal agresión contra el presidente de la Junta Vecinal Coliseo, Rubén Pérez Silva —un dirigente que por más de dos décadas ha tocado puertas, golpeado escritorios y pedido auxilio— detonó una crisis que ya nadie puede seguir negando: en el casco antiguo de Iquique, las esquinas ya no pertenecen a los vecinos, sino al microtráfico; y quienes denuncian, terminan pagando con sangre.
Un ataque que no fue al azar: fue un mensaje
Domingo en la tarde, 21 de diciembre. La luz ya empezaba a caer cuando la violencia irrumpió sin aviso. Según el propio afectado, un grupo vinculado a bandas de narcotráfico —principalmente de origen colombiano— habría sorprendido al dirigente para robar su teléfono celular, pero el objetivo no era el aparato: era la intimidación. Era el castigo. Era la advertencia por hablar demasiado.
El saldo:
- fracturas,
- contusiones faciales,
- amenazas de muerte,
- y traslado de urgencia al hospital.
El golpe no solo cayó sobre un rostro. Cayó sobre un símbolo: el único dirigente que durante años no se ocultó, que denunció balaceras, amenazas, extorsiones, quemas de neumáticos y venta libre de drogas frente a cámaras de seguridad… cámaras que —según los vecinos— vigilan pero no intervienen.
La entrevista que dejó al aire una verdad incómoda
En conversación en vivo con Vilas Radio, la voz de Rubén Pérez se quebraba entre dolor físico y frustración política.
Describió:
- un barrio tomado por el microtráfico,
- esquinas “arrendadas” para vender droga,
- peones y líderes,
- vecinos intimidados,
- balaceras,
- niños traumatizados,
- y una presencia policial prácticamente simbólica.
Lo más alarmante: denunció que incluso estando bajo cámaras municipales, el tráfico opera sin interrupciones.
24 horas.
A vista y paciencia de todos.
El silencio institucional: la segunda agresión
Si el primer golpe lo ejecutó un agresor, el segundo vino desde la institucionalidad.
El dirigente reveló:
- falta de respuesta del Centro de Control de Cámaras,
- patrullas que no actuaron oportunamente,
- carabineros que no querían tomar el procedimiento,
- llamados a autoridades sin respuesta,
- e incluso que la fiscalía aún no lo había contactado para brindar protección.
Todo mientras —según su relato— el agresor pasaba repetidamente frente a él tras salir del hospital.
La declaración oficial: la Federación rompe el silencio
La Federación Regional de Uniones Comunales de Tarapacá no tardó en publicar una dura declaración:
“Fue víctima de una brutal agresión de parte de un soldado de la mafia narcotraficante que controla el microtráfico (…) llamamos al Ministerio Público, Fiscalía Regional, parlamentarios y la Delegación Presidencial a actuar.”
El comunicado exigió protección urgente no solo para Rubén Pérez, sino para todos los dirigentes que trabajan junto al Estado… o intentan hacerlo.
La política local bajo presión
La concejal Carolina Valdés, también entrevistada por Vilas Radio, fue categórica:
— No es un hecho aislado. Se ha advertido, denunciado, insistido durante años.
— No se ha intervenido el casco antiguo pese a compromisos.
— Vecinos han sido silenciados, incluso con solo 60 segundos para hablar en el Concejo Municipal.
— Y, como remate, el alcalde abandonó la sala cuando el dirigente expuso su caso.
El contraste duele:
Cuando empresarios reclamaron por drones, sí hubo atención.
Cuando los vecinos pidieron seguridad, hubo reloj.
La investigación avanza… entre avances concretos y dudas latentes
Carabineros confirmó la detención del presunto agresor, quien este lunes pasará a control de detención para su formalización por los delitos de amenazas y lesiones, luego que el dirigente resultara con heridas que fueron constatadas en un centro asistencial. Pese a ello, el ambiente en el barrio sigue cargado de incertidumbre: los vecinos temen que, tras la audiencia, el imputado quede en libertad o reciba medidas cautelares insuficientes frente al historial de intimidación y riesgo que denuncian.
Las preguntas que hoy dominan conversaciones, redes sociales y grupos comunitarios no son menores:
¿habrá prisión preventiva?,
¿se decretará protección al dirigente?,
¿o la justicia volverá a dejar a la comunidad expuesta?
Iquique mira a otro lado… y el barrio lo paga
Mientras el borde costero exhibe carabineros, policías marítimos, inspectores y seguridad privada para turistas y comercio, los vecinos del casco antiguo denuncian quedar abandonados.
Allí:
- no hay patrullajes constantes,
- no hay controles migratorios,
- no hay intervención sostenida,
- y hay territorio capturado.
La pregunta final —y la más inquietante— es esta:
¿Cuánto falta para que este no sea solo un dirigente golpeado, sino un dirigente muerto?
Rubén Pérez lo dijo sin dramatismo… y eso lo hizo aún más golpeador:
“El día que me maten recién van a actuar.”
Este ataque no es solo un caso policial:
es un síntoma.
es un aviso.
es un punto de quiebre.
O la ciudad decide intervenir
o el casco antiguo quedará —si no lo está ya— totalmente en poder del narco.
CONTEXTO CLAVE PARA EL LECTOR
- Barrio Coliseo lleva más de una década denunciando microtráfico.
- Bandas controlan esquinas, cobran cuotas y amenazan vecinos.
- La agresión se produce tras múltiples denuncias públicas del dirigente.
- Municipales y policía han sido acusados de inacción e insuficiente presencia.
- Federación vecinal exige intervención del Estado.
- La concejal Valdés confirma falta de respuesta institucional.
- Carabineros detuvo al agresor, pero falta control de detención y medidas cautelares.
En palabras simples:
No fue un robo.
No fue una riña.
No fue un ataque fortuito.
Fue un acto de amedrentamiento en un territorio donde el Estado llega tarde… o no llega.
