A la pena única de 10 años y un día de presidio fue condenado un sujeto chileno, de 60 años de edad, como autor de los delitos de violación y de abuso sexual reiterado en contra de una niña de 11 años, de quien era su abuelastro.
Una sentencia de diez años y un día de presidio efectivo dictó recientemente un tribunal de Iquique en contra de un hombre de 60 años, tras declararlo culpable de delitos sexuales reiterados cometidos contra una niña de su entorno familiar directo. La resolución judicial pone fin a una investigación que se extendió por años y deja al condenado sin posibilidad de acceder a penas sustitutivas.
Según expuso la Fiscalía durante el juicio, los hechos ocurrieron entre 2018 y 2019 en una vivienda ubicada en el sector de calle Tarapacá, donde la víctima residía junto a su madre, hermanos y otros integrantes de la familia. Fue en ese contexto doméstico que el agresor aprovechó la cercanía y confianza para vulnerar la integridad de la menor, sin que las conductas fueran denunciadas de inmediato, una situación común en este tipo de delitos debido al vínculo y al temor.
La verdad comenzó a emerger tiempo después, cuando la niña, ya en un proceso terapéutico, se atrevió a revelar lo vivido. El relato motivó a la profesional tratante a activar los protocolos de denuncia, lo que permitió iniciar formalmente la investigación penal.
Durante el juicio, la Fiscalía presentó testimonios de la víctima y su entorno, así como peritajes psicológicos y médicos que dieron cuenta del daño ocasionado y de la existencia de lesiones compatibles con los hechos denunciados. Dichas pruebas resultaron fundamentales para convencer al tribunal de la responsabilidad penal del imputado.
La sentencia impuesta deberá cumplirse en régimen cerrado y de forma efectiva, ya que el condenado no reúne las condiciones legales para acceder a beneficios alternativos.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la detección temprana, de los procesos de acompañamiento psicológico para víctimas menores de edad, y del rol del sistema de justicia en sancionar delitos sexuales que se cometen en entornos familiares, donde el silencio suele ser una barrera adicional para la denuncia.
