BOLIVIA ENTRA EN UNA PROFUNDA REFORMA ECONÓMICA: ELIMINA SUBSIDIOS A LOS COMBUSTIBLES, AUMENTA EL SALARIO MÍNIMO Y DESATA TENSIONES CON TRANSPORTISTAS
El presidente boliviano Rodrigo Paz anunció el fin del subsidio estatal a los combustibles tras más de dos décadas de precios regulados y decretó una emergencia económica nacional, junto con un alza del 20% del salario mínimo. La Confederación de Choferes respondió con advertencias y exigencias de diálogo, anticipando posibles movilizaciones ante el impacto que tendrá el ajuste en el transporte y el costo de vida.
En un momento histórico que podría redefinir el rumbo económico y social de Bolivia, el presidente Rodrigo Paz Pereira anunció el fin de los subsidios a los combustibles tras más de dos décadas de precios fijos, una decisión acompañada de un aumento del 20% al salario mínimo nacional y una serie de medidas sociales y económicas que buscan enfrentar la profunda crisis que experimenta el país altiplánico.
Paz, quien asumió la presidencia el pasado 8 de noviembre de 2025 en medio de una delicada situación fiscal y energética, calificó su paquete de medidas como una “decisión histórica de salvataje de la patria”. En una declaración televisada, el mandatario enfatizó que los subsidios mantenidos durante años representaron una carga insostenible para las finanzas públicas y que su retiro permitirá “sincerar” los precios de los hidrocarburos y abrir paso a una economía más ordenada.
Con la eliminación de las subvenciones a los combustibles, los precios de los principales carburantes se ajustarán de forma significativa. La gasolina especial pasará a costar 6,96 bolivianos por litro, mientras que el diésel se ubicará en 9,80 bolivianos por litro, cifras que, según expertos, representan alzas que oscilan entre 80% y más de 160% en comparación con los precios subsidiados que estaban vigentes desde 2006.
Al mismo tiempo, el presidente Paz informó que el salario mínimo se elevará de 2.750 a 3.300 bolivianos, un incremento del 20% que entrará en vigor el 2 de enero de 2026 y regirá durante todo ese año. Esta medida —que el Gobierno califica como protección social— pretende compensar, en parte, los efectos que el retiro del subsidio a los combustibles puede tener sobre el costo de vida de los trabajadores bolivianos.
Respuesta del sector transporte
Las decisiones presidenciales, sin embargo, han generado reacciones encontradas, especialmente entre los gremios de transporte del país. A mediados de diciembre, dirigentes de la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia anticiparon su rechazo a la eliminación del subsidio sin una adecuada socialización y acuerdo con el sector, argumentando que el transporte público y pesado podría enfrentar “problemas graves” si los costos del diésel y la gasolina suben sin medidas de mitigación claras.
El ejecutivo de este organismo, Lucio Gómez, afirmó en días recientes que el tema de la subvención “no se debe tocar” sin consulta previa con los sectores afectados, y que los choferes no permitirán su retiro sin garantías de abastecimiento y estabilidad para el transporte. Gómez advirtió a las autoridades que abordar el retiro del subsidio sin diálogo puede generar “problemas” para la población y para la actividad productiva del país.
En concreto, los gremios del transporte han solicitado reuniones y mesas de trabajo con los ministerios clave —incluyendo Obras Públicas, Hidrocarburos y Economía— para abordar no solo la cuestión de los combustibles, sino aspectos como el abastecimiento continuo de diésel, el estado de las carreteras, el seguro obligatorio de tránsito y otros costos que impactan directamente a los choferes y las tarifas.
Contexto de crisis y protestas previas
La decisión del Gobierno de Paz se da en el marco de una extendida crisis de combustibles que ha sacudido Bolivia desde 2024, con escasez recurrente de gasolina y diésel que provocó largas filas de vehículos en estaciones de servicio, bloqueos y protestas por parte de transportistas y otros sectores sociales. La falta de divisas y la reducción de las reservas internacionales han limitado la capacidad del Estado para mantener los subsidios y importar carburantes en cantidades suficientes, lo que ha exacerbado las tensiones económicas y sociales.
Analistas señalan que, aunque el aumento salarial y los ajustes sociales —como incrementos en bonos y en la Renta Dignidad para adultos mayores— buscan amortiguar el impacto del ajuste de precios, el verdadero desafío será controlar la inflación y evitar que los aumentos de costes en transporte y energía se traduzcan en presiones sobre los precios de bienes básicos.
Un momento de inflexión
Este conjunto de medidas representa un cambio de rumbo profundo en la política económica boliviana, que deja atrás décadas de subsidios universalistas para afrontar ajustes más radicales con el objetivo declarado de equilibrar las cuentas públicas, estimular la inversión privada y modernizar la economía. La eliminación de los subsidios a la energía, combinada con el incremento del salario mínimo y una serie de aumentos en beneficios sociales, marca un punto de inflexión en un país que busca salir de una de sus crisis más severas en décadas.
Lo que ocurre en Bolivia no solo repercute en la vida diaria de millones de bolivianos, sino que también servirá de prueba para evaluar la viabilidad de reformas económicas profundas en un país que ha dependido históricamente de políticas de subsidio para sostener su modelo social y político.
