El primer Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA) de la Contraloría expuso graves fallas en cárceles, fronteras, manejo de armas y destrucción de drogas, revelando visitas prohibidas a internos, inhibidores obsoletos, controles fronterizos incompletos, vehículos robados sin recuperar y narcóticos con diferencias de peso y retrasos ilegales en su eliminación. El documento incluye 62 auditorías, de las cuales 22 son reservadas por contener información sensible.
En un país que presume fortalecer su seguridad y combatir el crimen organizado, la Contraloría General de la República lanzó una bomba administrativa: el primer Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA) N°1 de 2025, un documento que, lejos de ser un informe técnico más, expone fallas sistémicas que atraviesan cárceles, fronteras, fuerzas armadas, manejo de armas y control de drogas.
Detrás de sus páginas no hay simples observaciones burocráticas: hay un retrato inquietante del Estado vigilante con grietas en su blindaje; un sistema donde internos con prohibición reciben visitas, armas quedan sin trazabilidad, y drogas incautadas desaparecen entre discrepancias de peso y retrasos injustificables.
El informe se construyó tras analizar 62 auditorías realizadas entre enero de 2023 y julio de 2025 —22 de ellas clasificadas como reservadas por su carácter sensible— y muestra un país donde la seguridad pública es una estructura sostenida por parches, improvisaciones y tecnología obsoleta.
Cárceles: teléfonos bloqueados solo en el papel, visitas prohibidas y controles inexistentes
Las cifras estremecen:
- 1.279 internos recibieron visitas pese a tener prohibición.
- 1.539 personas ingresaron a recintos penitenciarios a pesar de no contar con autorización.
- 479 “abogados privados” no pudieron acreditar su profesión al entrar a visitar reos.
El informe detalla que solo el 12,7% de las cárceles chilenas cuenta con inhibidores de señal, y la mayoría lo hace sobre tecnología 2G… en un país donde los teléfonos operan en 4G y 5G.
Como si fuera una escena sacada de ficción política, en varios recintos penitenciarios se pudo comprobar que, aun con inhibición activa, el uso de wifi seguía permitiendo la comunicación desde dentro del penal.
Y hay más: 70 de 79 establecimientos penitenciarios no planificaron allanamientos ordinarios en 2024.
Fronteras y control territorial: patrullajes omitidos, funcionarios sin exámenes y un país sin registro de quienes ingresan ilegalmente
La auditoría revela que el control fronterizo chileno no solo es insuficiente: es frágil.
Funcionarios desplegados trabajaron:
- sin exámenes médicos para altura,
- sin certificaciones de combate,
- sin visitas completas a hitos fronterizos,
- y sin realizar patrullajes soberanos en todos los sectores obligados.
Además: no existe un registro centralizado de ingresos por pasos no habilitados.
Es decir: Chile no puede identificar ni rastrear a quienes ingresan clandestinamente.
Control vehicular y orden público: cámaras apagadas, controles fallidos y órdenes judiciales ignoradas
El CRA detecta falencias que parecen sacadas de un guion de thriller policial:
- 25 vehículos policiales tenían cámaras inoperativas.
- Funcionarios sin examen psicológico o con resultados “no apto” portaban armamento.
Pero lo más grave:
- 626 vehículos con encargo por robo no fueron recuperados,
- 144 personas con órdenes judiciales vigentes no fueron detenidas en controles vehiculares,
- 869 infracciones con obligación de retiro del vehículo no se ejecutaron,
- y en 145.715 controles, no se consultó la placa en el sistema unificado.
Cada cifra representa oportunidades perdidas.
Cada oportunidad perdida, un posible delito no prevenido.
Armas y municiones: trazabilidad perdida y registros obsoletos
Las auditorías destapan fallas estructurales:
- armas sin registro documental,
- carencia de sistemas informáticos en instituciones armadas,
- personas con condenas manteniendo armas activas en el sistema,
- adquisición de munición sobre el límite legal,
- armas inscritas a fallecidos sin registro de transferencia,
- funcionarios desvinculados aún figurando como portadores.
Incluso en PDI, Gendarmería y la Armada se detectaron sistemas sin trazabilidad.
Drogas: plazos incumplidos, custodia deficiente y sustancias con diferencias de peso escandalosas
La Contraloría halló:
- retrasos de hasta 288 días en envíos de actas de drogas,
- diferencias de peso de hasta 32 kilos entre lo incautado y lo registrado,
- salas de custodia usadas como bodegas,
- medicamentos controlados vencidos,
- retrasos de hasta 189 días en destrucción de drogas,
- deficiencias en seguridad y almacenamiento,
- falta de químicos farmacéuticos.
Además:
- 33.732 documentos de control de medicamentos siguen sin revisión en el ISP.
Acciones derivadas: sumarios, denuncias y procedimientos disciplinarios
El informe no quedó en el diagnóstico:
- 3 procedimientos disciplinarios,
- 35 sumarios administrativos,
- 9 informes enviados al Ministerio Público,
- y otros remitidos al CDE y Fiscalía de Aviación.
Un diagnóstico para el país
No es solo una auditoría: Es una radiografía de la seguridad chilena, una alerta roja, un recordatorio de que los sistemas que debían blindarnos contra el crimen organizado, el tráfico y la violencia tienen grietas profundas.
El CRA no acusa con adjetivos: acusa con datos.
Y los datos son demoledores.
La pregunta que queda flotando tras el informe es inevitable: ¿Quién vigila a los vigilantes cuando los mecanismos del Estado fallan?
Revisa aquí el Consolidado de los Resultados de esta auditoría:
