La crisis del agua en el Barrio de Emergencia recrudeció este lunes cuando los vecinos volvieron a movilizarse ante la Delegación Presidencial para denunciar que los acuerdos firmados por el delegado Pedro Medalla no se han cumplido. Las familias, que llevan más de dos meses sin suministro y sobreviven con riegos municipales, afirman que fueron desalojadas con fuerza pública y que incluso se les prohibió usar el baño del edificio. La sanitaria, por su parte, habría informado que la autoridad nunca envió la documentación requerida para restablecer el servicio.
A esta hora, frente al frontis caliente y amarillo de la Delegación Presidencial de Tarapacá, los quitasoles se han convertido en las nuevas carpas de resistencia. Los vecinos del Barrio Emergencia han vuelto. Regresan tras dos meses y cuatro días sin agua potable, regresan porque el líquido —prometido para el jueves pasado— jamás llegó. Regresan porque, según denuncian, el delegado presidencial Pedro Medalla no solo incumplió su palabra firmada, sino que tampoco ha dado la cara.
“No ha llegado el agua. Nada. Seguimos igual. Y nos desalojaron con fuerza pública, lo que él dijo que jamás haría”, denuncia, con voz cansada pero firme, Mariela Taboada, vocera del barrio, en entrevista exclusiva con Vilas Radio.
La escena se repite desde temprano: familias completas bajo el sol, adultos mayores, mujeres con botellas vacías, niños sosteniendo carteles que ya no alcanzan a contener la frustración. Según acusan, Medalla habría salido “por la puerta trasera, escondido”, evitando atenderlos y ordenando cerrarles incluso el baño público que, hasta las 18:00 horas, debería estar disponible para la comunidad.
“Nos prohibieron entrar al baño. Nos cercaron. No quieren que estemos aquí. Pero igual vamos a estar”, cuenta Mariela.
Un problema que debía estar solucionado… y volvió a cero
Según relatan los vecinos, el delegado había asegurado —documento mediante— que el suministro se restituiría y que todos los hogares contarían con medidores operativos. Incluso, que la Delegación asumiría ciertos compromisos por su calidad de arrendataria del terreno: arriendo y eventuales costos asociados.
Pero todo eso, aseguran, se evaporó.
Los vecinos cumplieron su parte, indican: fueron a Aguas del Altiplano, firmaron convenios, regularizaron deudas millonarias —que llegaban a los 280 a 700 millones, según cálculo comunitario— y algunos incluso pagaron la totalidad. Sin embargo, cuando llegaron a la empresa esperando la reposición, la respuesta los dejó helados:
“¿De qué reposición hablan? Nadie ha hablado con nosotros. Ninguna autoridad. Nada está resuelto”, les dijeron.
Aguas del Altiplano habría explicado que estaban a la espera de una carta desde Santiago, documento que jamás llegó. Por eso el agua tampoco volvió.
Un conflicto legal que arrastra desde 2014
El Barrio Emergencia funciona con un medidor troncal, sistema heredado desde el terremoto de 2014, cuando se instalaron las viviendas transitorias. Aunque cada familia tiene un remarcador digital y recibe boleta propia, la deuda global afecta a todos por igual: si uno no paga, se corta el suministro para todos.
“Desde 2014 que tenemos boletas individuales. Todas las casas tienen medidor”, insiste Mariela, desmintiendo la versión oficial que asegura lo contrario.
Sin agua desde hace más de dos meses, las familias sobreviven gracias a camiones municipales: 2.000 litros para 68 hogares por pasaje. “Un riego”, dicen.
El recurso de protección que tensionó aún más la situación
Cinco vecinos —no pertenecientes al grupo organizador, señala Mariela— presentaron un recurso de protección patrocinado por el abogado Hugo Gutiérrez, lo que, según los pobladores, complicó las conversaciones iniciales. Ese recurso fue posteriormente retirado.
“Tengo los documentos del Poder Judicial. Todo está retirado”, insiste la vocera.
Aun así, la empresa habría cambiado su postura, apuntando a una carta enviada por ECOPSA, dueña del terreno, que señala que cualquier deuda asociada al inmueble debe ser asumida por el arrendatario… en este caso, la Delegación Presidencial.
Y mientras tanto…
Mientras delegación y empresa se empujan responsabilidades, 240 familias siguen sin agua. Siguen pagando boletas altas, incluso con consumo registrado durante los dos meses sin suministro. Siguen esperando bajo el sol una explicación que nadie da.
“No nos dicen nada. Ni una palabra. Ni un por qué. Nada. Aquí estamos, igual que siempre… o peor”, cierra Mariela, rodeada por vecinos, quitasoles, botellas vacías y Carabineros.
A esta hora, la manifestación continúa.
La pregunta también.
¿Cuándo vuelve el agua?
¿Y por qué nadie responde?
