En lo alto del altiplano tarapaqueño, donde la señal telefónica no existe y los caminos son largos y silenciosos, se encuentra Ancuyo, una pequeña aldea de solo 13 habitantes perteneciente a la comuna de Colchane, en la provincia del Tamarugal. Allí, en un territorio donde la comunidad se conoce por nombre y rostro, ocurrió un hecho que volvió a estremecer a sus pocos residentes.
Durante la noche del miércoles, alrededor de las 20:00 horas, un matrimonio de adultos mayores vivió uno de los momentos más violentos registrados en la zona.
Seis sujetos encapuchados y armados irrumpieron en su vivienda, los golpearon, los retuvieron y revisaron cada habitación hasta llevarse todas las pertenencias de valor.
En un lugar donde cada casa está separada por extensiones de terreno y no hay patrullajes constantes, nadie pudo oír los gritos ni acudir en su ayuda.
Cuando amaneció, y tras horas de angustia, el hombre decidió emprender un largo trayecto a pie hasta Enquelga, la localidad más cercana, para pedir auxilio para su esposa, denunciar el ataque y encontrar un punto donde hubiera señal para comunicarse con sus hijos en Alto Hospicio. En Ancuyo no hay cobertura telefónica, internet ni transporte subsidiado; apenas unos pocos vehículos pasan durante el día.
Este episodio no es un hecho aislado. La comuna de Colchane ha sufrido un aumento sostenido de delitos en los últimos años, muchos de ellos vinculados a la actividad fronteriza. Los habitantes han denunciado robos, asaltos y agresiones, afectando especialmente a las personas mayores que componen gran parte de la población rural. En abril de 2025, una mujer de 85 años fue encontrada sin vida en su domicilio, caso que aún investiga la Fiscalía y que marcó un precedente doloroso para la zona.
Para los residentes del altiplano, la situación es clara: la falta de vigilancia, la ausencia de presencia policial permanente y la nula conectividad han dejado a estas comunidades “abandonadas a su suerte”. El reciente ataque reavivó las demandas de sus habitantes, quienes exigen medidas urgentes para proteger a los pocos vecinos que resisten en estas localidades fronterizas.
“No podemos seguir viviendo sin seguridad ni comunicación. Estamos aislados y desprotegidos”, señalaron familiares del matrimonio agredido, quienes aseguran que este tipo de hechos podría repetirse mientras no exista una respuesta efectiva del Estado.
