
Imágenes satelitales y registros geoespaciales confirmaron que 150 faenas no autorizadas están removiendo áridos en sectores fiscales del desierto, afectando zonas de Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte y Pica. La denuncia, hoy en manos de organismos como Bienes Nacionales, MOP y la SMA, describe alteraciones de quebradas, riesgo de aluviones y afectación directa a ecosistemas frágiles como el Tamarugal.
El desierto nunca había sido tan ruidoso. Bajo el silencio de las quebradas, donde alguna vez solo reinaba el viento salino, hoy se escuchan motores, retroexcavadoras clandestinas y el eco metálico de palas que muerden la tierra fiscal como si fuera tierra de nadie. Lo que empezó como un murmullo de vecinos inquietos terminó destapando un hallazgo monumental: al menos 150 faenas irregulares de extracción de áridos repartidas entre Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte y Pica, una cifra que reconfigura completamente el mapa ambiental de Tarapacá.
La denuncia —que detonó tras meses de fotografías nocturnas, registros con drones y llamados anónimos a autoridades locales— terminó en manos de una consultora ambiental que elaboró un informe técnico revelador. Ese documento, al que tuvo acceso el medio El Desconcierto, puso en blanco y negro un fenómeno que crecía en la sombra: 970 hectáreas de suelo fiscal intervenido sin permisos, sin regulación y sin freno.
El desierto abierto en canal
La consultora cruzó imágenes satelitales, cartografía histórica y registros geoespaciales. ¿El resultado? Un paisaje devastado y repetido en distintos puntos: Punta Patache, Copaquiri, Sagasca, Alto Hospicio. Sectores donde la tierra aparece arrancada por capas, como si algo —o alguien— estuviera apresurado por desarmar el desierto grano a grano.
Las faenas, según el informe citado por El Desconcierto, se ejecutan sin permisos municipales, sin autorizaciones ambientales ni sectoriales y en terrenos fiscales donde, en teoría, no debería moverse una sola piedra sin visado del Estado.
La alerta que encendió todas las alarmas
Con esos antecedentes sobre la mesa, ya se ingresaron 17 denuncias en paralelo a ocho organismos públicos, entre ellos las municipalidades, el Ministerio de Obras Públicas, Bienes Nacionales y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). La presión ciudadana es clara: parar la sangría del territorio y recuperar los cauces que podrían convertirse en trampas mortales en la próxima lluvia.
El informe no deja espacio para la duda. “La extracción ilegal de áridos no solo destruye ríos y suelos; además genera un beneficio económico indebido a costa del patrimonio público y del bienestar de las comunidades”, advierte el documento. La crítica es dura: sin regularización, la SMA está atada de manos.
Tamarugal: el oasis que se apaga
La amenaza no es únicamente paisajística. Las faenas avanzan peligrosamente cerca de uno de los ecosistemas más frágiles del norte chileno: la Pampa del Tamarugal, hogar del tamarugo, ese árbol que —como pocos en la Tierra— aprendió a vivir donde no cae ni una gota de lluvia.
Este hábitat, uno de los dos únicos en el mundo, está siendo rodeado por extracciones que fragmentan el suelo y presionan aún más un acuífero ya castigado por décadas. Cada intervención es una grieta más en el ecosistema que sostiene a una especie en peligro de extinción.
La Tirana: el polvo que amenaza a la fiesta más grande del norte
Otro de los puntos delicados está cerca de La Tirana, localidad que cada julio recibe a miles de promesantes. Allí, el informe detecta daños en sectores rurales próximos al pueblo, donde la remoción del suelo podría alterar cauces y quebradas en caso de lluvias estivales. Es la tormenta perfecta: territorio frágil + extracción sin control + historial de aluviones en la región.
Un desierto que puede venirse abajo
Los técnicos concluyen que, al remover áridos sin supervisión, se alteran los bordes naturales de quebradas y ríos, se debilitan los suelos y se generan condiciones ideales para que un evento meteorológico moderado se convierta en un aluvión de alta energía, el tipo que ha dejado desastres y muertes en el pasado en el norte del país.
La región de Tarapacá —árida, expuesta y con mínima cobertura vegetal— no tiene margen para improvisaciones. Cada corte ilegal, cada zanja abierta, cada camión cargado de áridos no autorizados, es una ruleta rusa ambiental.
¿Y ahora qué?
Las denuncias están presentadas, los organismos alertados y el informe ya circula en las instituciones clave. Sin embargo, los vecinos temen que el desierto siga siendo una tierra donde cualquiera cava sin respuesta, mientras los riesgos aumentan y la legalidad parece siempre correr detrás de los hechos.
La pregunta que queda flotando, como polvo en suspensión, es una sola:¿Quién detendrá esta extracción antes de que el próximo invierno arrastre no solo tierra, sino también responsabilidades?







