La Corte Suprema confirmó la sentencia que acogió la solicitud de desafuero del diputado y senador electo Miguel Ángel Calisto, autorizando la formación de causa en su contra por el delito de fraude al fisco.
La decisión del máximo tribunal allana el camino para que la Fiscalía Regional de Aysén formalice la investigación penal por el presunto desvío de más de 103 millones de pesos mediante la contratación fraudulenta de una asesora.
VÍA LIBRE A LA FORMALIZACIÓN E IMPUTACIÓN
En un fallo de mayoría, el pleno de ministros de la Corte Suprema respaldó la resolución previa de la Corte de Apelaciones de Coyhaique. El escrito establece que la imputación fiscal «tiene mérito y es plausible» para continuar con el proceso.
La Fiscalía Regional de Aysén presentó la solicitud de desafuero para poder formalizar la investigación y solicitar medidas cautelares personales en contra del parlamentario, quien tendrá la calidad de autor en la causa.
LA ACUSACIÓN FISCAL Y LA DECISIÓN DE LA SUPREMA
La acusación fiscal detalla que, entre abril de 2018 y marzo de 2022, el diputado Calisto se habría concertado con Roland Cárcamo Catalán y Carla Nicole Graf Toledo para obtener recursos de manera fraudulenta del Fisco.
El fraude se habría configurado al utilizar a Carla Graf como asesora parlamentaria «a sabiendas que ella no cumpliría con ninguna de las obligaciones contratadas«. La profesional habría recibido más de 103 millones de pesos sin ejecutar las labores.
Para fundamentar su decisión, la Corte Suprema destacó elementos que sustentan la plausibilidad de la imputación:
- Ausencia de Reportes: Se constató la falta de informes o comunicaciones que dieran cuenta de las tareas parlamentarias realizadas.
- Falta de Contacto: Cinco asesores del diputado declararon no conocer a la señora Graf dentro del equipo.
- Transferencias de Dinero: Se recabaron informes policiales que dan cuenta de traspasos de dinero de la asesora al diputado Calisto. El fuero parlamentario, en este caso, fue levantado para permitir el avance del juicio penal.
🟢 IMPORTANTE ACLARACIÓN:
De acuerdo con el principio de presunción de inocencia, toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia judicial firme que determine su culpabilidad.
Esta nota aborda un proceso aún en desarrollo y no pretende prejuzgar los hechos ni el resultado final de las investigaciones.
