La Municipalidad de Iquique deberá restituir cerca de $3.100 millones a la Zona Franca de Iquique (Zofri S.A.) luego de que la empresa obtuviera en tribunales una rebaja en el recálculo de contribuciones correspondientes a los años 2023 y 2024. Así lo confirmó el alcalde Mauricio Soria durante la sesión ordinaria N°60 del Concejo Municipal, instancia donde detalló cómo se ejecutará la devolución y su impacto en el presupuesto local.
Según explicó la autoridad, el monto a reintegrar corresponde a ingresos que el municipio ya había recibido y utilizado dentro de su presupuesto operativo. Tras el fallo, la Tesorería General de la República determinó que la restitución no se hará mediante un pago directo, sino a través de descuentos progresivos en las remesas que la Municipalidad recibirá durante el año 2025.
El mecanismo funcionará de la siguiente manera:
- Tesorería descontará automáticamente el monto adeudado de las transferencias regulares al municipio.
- Los descuentos comenzarán a mediados de 2025 y deberán estar totalmente aplicados antes de diciembre del mismo año.
- Las rebajas se aplicarán en las distintas entregas de recursos fiscales que cada mes recibe el municipio.
El alcalde precisó que, si bien la medida no afectará los programas sociales, sí obligará a realizar ajustes inmediatos en otras áreas. “Las unidades sociales seguirán funcionando sin tocar un peso, pero tendremos que reordenar proyectos de infraestructura, actividades municipales y parte de la inversión comprometida, porque esos fondos ya estaban integrados en nuestro presupuesto”, señaló.
El concejal Washington Maldonado, quien planteó la inquietud en sala, advirtió que la restitución impactará compromisos como obras, sedes comunitarias y mejoras urbanas. En respuesta, Soria afirmó que el municipio ya está rediseñando su planificación para cumplir con las obligaciones y terminar el año sin déficit operativo.
La devolución es consecuencia de la apelación de Zofri al recálculo impositivo aplicado por el Servicio de Impuestos Internos. El caso llegó a la Corte Suprema, la que finalmente confirmó la reducción del valor tributario de los terrenos sujetos al régimen franco, obligando al Estado —y por extensión a la Municipalidad— a reajustar los ingresos percibidos.
Con la restitución ya ordenada, el municipio deberá enfrentar un 2025 marcado por restricciones presupuestarias, mientras los descuentos se aplican de manera escalonada hasta cubrir la totalidad de los más de $3 mil millones que deberán ser devueltos.
