El Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique acogió una demanda de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji). La sentencia, emitida por el magistrado Francisco Vargas Vera, condena a la entidad a pagar $39.795.126 a un exdirector regional, tras establecer que su despido por supuesta pérdida de confianza afectó su honra e integridad síquica.
Según el fallo, el tribunal de alzada determinó que la decisión de término anticipado a la designación fue adoptada sin que los hechos invocados fueran debidamente establecidos mediante una investigación administrativa o advertencias previas.
En el documento se establece que la serie de acusaciones relativas al desempeño del actor resultaron como «no probadas» al momento de tomar la decisión del despido, y concluye que estas acciones aparecieron como «lesivas a los derechos fundamentales del actor, en especial a la honra del mismo trabajador y a su integridad síquica».
Ante ello, el magistrado subrayó que el organismo demandado no utilizó mecanismos como amonestaciones o investigaciones, los cuales hubieran permitido al exdirector «aclarar las mismas, defenderse de ellas, desmentirlos, o para superar aquellos inconvenientes detectados por la autoridad si fuera el caso».
CONDENA Y RECHAZO DEL LUCRO CESANTE
Como resultado de la vulneración, el tribunal condenó a la Junji a pagar la suma de $39.795.126, correspondiente a siete remuneraciones mensuales.
Sin embargo, la sentencia rechazó la acción respecto al lucro cesante demandado. El juez explicó que estos cargos de alta dirección pública están sujetos a la voluntad de quienes los designan, al tratarse de puestos de «exclusiva confianza». Esta precariedad «hace que se desvanezca la certeza propia de los elementos de exigencia del lucro cesante», motivo por el cual se desechó esa petición de resarcimiento.
🟢 IMPORTANTE ACLARACIÓN
De acuerdo con el principio de presunción de inocencia, toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia judicial firme que determine su culpabilidad.
Esta nota aborda un proceso aún en desarrollo y no pretende prejuzgar los hechos ni el resultado final de las investigaciones.
