Chile enfrenta una grave crisis en materia de protección infantil tras el explosivo aumento de denuncias por abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Entre 2018 y 2024, los reportes de estos delitos crecieron un 186%, acumulando más de 114.000 causas investigadas. Solo en 2023, se registraron 40.361 denuncias, mientras estudios recientes estiman que uno de cada cuatro niños en el país ha experimentado algún tipo de violencia sexual.
La situación ha sido calificada como una “emergencia nacional”, especialmente en el marco del Día Mundial de la Prevención del Abuso Sexual Infantil, conmemorado este 19 de noviembre.
Juan Pablo Venegas, gerente de Incidencia y Asuntos Públicos de World Vision Chile, advierte que el fenómeno está lejos de ser marginal: “No se trata de episodios aislados; hablamos de una problemática que avanza en silencio y que sigue dejando huellas profundas”.
El especialista recalca que cada caso expone deficiencias estructurales en la protección de la niñez y revela una deuda histórica del país. Las secuelas, subraya, afectan la salud física y emocional de las víctimas, y pueden extenderse hasta la adultez.
Los factores asociados al riesgo —como la desigualdad, la inestabilidad familiar y la falta de regulación en los entornos digitales— han reforzado el llamado a tomar medidas urgentes. Entre las prioridades figura fortalecer la Ley de Garantías de la Niñez (21.430), acelerar la puesta en marcha de las Oficinas Locales de la Niñez, y asegurar que docentes y profesionales de salud y justicia cuenten con herramientas claras para actuar coordinadamente.
Venegas enfatiza que la respuesta debe involucrar a todos los sectores: “La protección de la infancia no puede descansar únicamente en el Estado. Las familias, las escuelas y las comunidades deben ser parte activa. Prevenir significa romper el silencio, educar y denunciar”.
