El Gobierno Regional de Arica y Parinacota advirtió un serio obstáculo que podría detener el avance del proyecto habitacional F-1, diseñado para construir 1.280 departamentos en el sector Nuevo Norte de Arica. La preocupación surge luego de que la Dirección de Presupuestos (Dipres) comunicara que no autorizará el traspaso de $10 mil millones desde el FNDR hacia el Minvu, recursos ya comprometidos para iniciar las obras.
El gobernador Diego Paco Mamani criticó la decisión, asegurando que representa un acto “centralista” que amenaza una obra que ya se encuentra en ejecución. Afirmó además que, si no hay una solución pronta, evaluará convocar a la comunidad y a las familias beneficiarias a movilizarse para resguardar estos recursos regionales.
El proyecto fue respaldado por unanimidad del Consejo Regional el 26 de agosto, permitiendo suplementar $10 mil millones para iniciar las etapas A y B. El 31 de octubre se realizó la colocación de la primera piedra con autoridades del Minvu, mientras que la constructora ya firmó contrato con Serviu y solicitó su primer estado de pago, confirmando que la obra está en marcha.
Paco sostuvo que la negativa de Dipres se basa en que la obra iniciaría en 2026, argumento que —según él— contradice la documentación oficial y el avance real del proyecto. Asimismo, recalcó que los fondos pertenecen a la región y no suponen recursos extra para el Estado.
El Gobierno Regional advirtió que, si Dipres mantiene su postura, los $10 mil millones no podrán ejecutarse en 2025, debido a que los plazos presupuestarios ya vencieron. Esto implicaría perder una inversión clave para Arica, trasladar los pagos a 2026 y comenzar el próximo año con $10 mil millones menos de margen para nuevas iniciativas. Además, quedaría en riesgo la construcción de las 1.280 viviendas y la continuidad de cerca de 450 empleos generados por la obra.
“Es un golpe duro para la región y para las familias. Tenemos los recursos, la aprobación y la obra en marcha, pero dependemos de una firma en Santiago”, señaló Paco, quien llamó al nivel central a revertir la decisión para no afectar el desarrollo de Arica y Parinacota.
