La Comisión de Constitución aprobó y despachó a la Sala un proyecto de ley que penaliza el reclutamiento de menores por bandas y organizaciones criminales, estableciendo sanciones de hasta cinco años de presidio cuando se emplee violencia, amenazas o se aproveche la vulnerabilidad del niño o adolescente.
La iniciativa, presentada por un grupo transversal de diputadas y diputados encabezados por Vlado Mirosevic, surge ante la preocupación por el avance de estructuras criminales transnacionales que han incorporado a menores en actividades delictivas. “Es urgente adoptar medidas que protejan a la infancia de estas prácticas que vulneran gravemente sus derechos”, afirmó Mirosevic, destacando el impacto que estas bandas generan en los entornos más vulnerables.
El proyecto —boletín 17637— modifica el Código Penal para tipificar como delito el reclutamiento de menores y sancionar a quien capte a un niño, niña o adolescente para integrar una organización delictiva con presidio menor en su grado mínimo a medio (61 días a 3 años y un día). La pena se eleva hasta 5 años cuando el reclutamiento se realice mediante violencia, amenazas, coacción o aprovechando la vulnerabilidad o dependencia del menor. Además, la norma específica que el consentimiento del menor no exime de responsabilidad al adulto reclutador.
Durante el debate, la Comisión abordó también el caso de que el reclutador sea un menor de edad. En ese escenario, las sanciones se aplicarán conforme a la Ley 20.084 sobre responsabilidad penal adolescente. El diputado Jorge Alessandri, quien informará el proyecto en la Sala, subrayó el mensaje central de la iniciativa: “Con esta ley queremos enviar un mensaje claro: ningún menor puede ser utilizado como herramienta por bandas criminales sin que exista responsabilidad penal para el adulto involucrado”.
La propuesta legal define el acto de reclutar como “inducir, promover, facilitar o captar” a un niño, niña o adolescente para participar en una asociación delictiva o criminal. De acuerdo con sus fundamentos, esta práctica no solo incrementa la inseguridad, sino que vulnera profundamente la integridad y el desarrollo de la infancia y adolescencia en el país.
