La Delegación Presidencial del Tamarugal destinó más de 100 millones de pesos a una contratación pública para el Complejo Fronterizo de Colchane, sin especificar en qué consisten los “servicios de apoyo” que se licitaron. El contrato fue adjudicado a Producciones Trescientos Setenta Limitada, la misma empresa que en 2022 estuvo a cargo del cuestionado montaje de campamentos migrantes en Tarapacá. La falta de detalles en los documentos oficiales vuelve a encender las alarmas sobre la transparencia y el uso de recursos públicos en la frontera norte de Chile
Colchane, frontera del norte chileno. Donde los vientos silban con polvo del altiplano y los camiones cruzan la línea que separa a Chile de Bolivia, una nueva licitación pública ha encendido las alarmas. En apariencia, se trata de un trámite burocrático más, pero al revisar sus líneas finas, la historia cambia.
La Delegación Presidencial del Tamarugal adjudicó un contrato por 105 millones de pesos para lo que define como un “servicio externo de apoyo a la coordinación para el Complejo Fronterizo de Colchane”. Sin embargo, el documento no especifica con precisión qué funciones cumplirán esos “personales de apoyo”. ¿Son guardias? ¿Administrativos? ¿Asistentes logísticos? ¿Personal humanitario? Nadie lo sabe con certeza.
El código de la licitación —600644-13-LP25— está disponible en el portal público Mercado Público, donde cualquier ciudadano puede revisarlo, pero lo que debería ser una vitrina de transparencia se transforma en una niebla espesa de ambigüedad. Ni en la descripción ni en los anexos se detallan las tareas, los perfiles ni las responsabilidades de este misterioso “personal de apoyo”.
UNA PRODUCTORA, NO UNA CONSULTORA
Lo que llama aún más la atención es el nombre del proveedor adjudicado: Producciones Trescientos Setenta Limitada, también conocida como Grupo A370, una empresa santiaguina con experiencia en la organización de eventos corporativos, ferias institucionales y montajes escénicos.
Nada en su perfil corporativo —consultado por este medio— sugiere que se especialice en gestión fronteriza, migración, o coordinación logística estatal, las áreas que, supuestamente, justificarían este contrato.
Paradójicamente, es la misma productora que en 2022 recibió más de 567 millones de pesos para instalar los campamentos de emergencia migrante en Tarapacá, bajo una orden de compra también gestionada por la Delegación Presidencial de la época.
Entonces, la empresa proveyó carpas, domos, frazadas y agua potable para los albergues improvisados en Huara e Iquique. Aquella adjudicación generó críticas y cuestionamientos por los montos involucrados y por la falta de experiencia técnica en temas humanitarios.
UN PATRÓN QUE SE REPITE
Tres años después, el patrón parece repetirse: una licitación poco precisa, un monto millonario y la misma empresa adjudicada.
Esta vez, por un servicio difuso definido apenas como “apoyo a la coordinación”.
La publicación oficial, con fecha del 14 de octubre de 2025, señala que la adjudicación se concretó el 5 de noviembre, y que el contrato se extenderá por doce meses, con un presupuesto total de 105 millones de pesos.
Ni la Delegación ni el Ministerio del Interior han aclarado cuál será el rol exacto de este personal o en qué se traducirán concretamente esos “servicios habituales” que cita la ley. Tampoco se detallan los criterios técnicos que llevaron a adjudicar el contrato a una productora de eventos, y no a una empresa de servicios fronterizos o personal calificado.
TRANSPARENCIA BAJO CUESTIONAMIENTO
Consultado en 2022 por una compra similar, el delegado presidencial Daniel Quinteros aseguró que las contrataciones obedecían a procesos del gobierno anterior. Hoy, sin embargo, la licitación es de su propia administración.
“Estamos transformando recursos y reforzando equipamiento en Colchane”, declaró entonces. Pero esta nueva contratación deja abierta la pregunta sobre la coherencia de esa política y la fiscalización de los recursos públicos.
Mientras tanto, Colchane sigue siendo el escenario de una crisis humanitaria latente: migrantes varados, funcionarios sobrepasados y una frontera donde la ayuda estatal llega en paquetes burocráticos, más que en soluciones humanas.
UN FORTÍN DE SOMBRAS ADMINISTRATIVAS
El expediente cierra con la misma opacidad con la que comenzó. No se explicita quiénes integran el equipo, ni qué labores concretas realizarán los contratados. Solo se detalla el monto, la fecha y la empresa… Como si el papel, una vez más, lo soportara todo.
En la práctica, la licitación deja más preguntas que respuestas. ¿Por qué una productora de eventos es la encargada de coordinar personal en la frontera más sensible de Chile? ¿Qué tipo de “apoyo” se contrata con dinero público? ¿Y quién supervisa que ese apoyo se traduzca en resultados reales?
Hasta ahora, ninguna autoridad ha ofrecido una explicación detallada.
Colchane, mientras tanto, continúa siendo una metáfora del norte invisible: un lugar donde las fronteras no solo separan países, sino también la transparencia de la sombra.
🧩 DATOS CLAVE
- Código licitación: 600644-13-LP25
- Entidad licitante: Delegación Presidencial Provincial del Tamarugal
- Proveedor adjudicado: Producciones Trescientos Setenta Limitada (Grupo A370)
- Monto total: $105.000.000 (CLP)
- Fecha de adjudicación: 5 de noviembre de 2025
- Duración del contrato: 12 meses
- Objeto: “Servicio externo de apoyo a la coordinación para el Complejo Fronterizo Colchane”
- Observación: No especifica funciones, perfiles ni objetivos concretos.
Fuente: TodoLicitaciones / Mercado Público Chile
