El Tribunal Oral en lo Penal de Chillán condenó a presidio perpetuo efectivo a los padres y al cuñado de una niña de 12 años que fue víctima de violaciones reiteradas entre 2021 y 2023, en la comuna de Bulnes, Región de Ñuble.
Los condenados, identificados como C.A.S.F., A.M.L.C. y F.J.M.S., enfrentaron un extenso juicio oral donde la Fiscalía Regional de Ñuble logró acreditar su participación en los hechos. La fiscal regional Nayalet Mansilla calificó la resolución como “una sentencia ejemplar”, destacando el trabajo investigativo y la complejidad del proceso, ya que la víctima falleció antes del juicio.
El tribunal también impuso penas adicionales: los padres recibieron 300 días de cárcel por lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, y el padre fue sancionado con otros 800 días por desacato.
Según la investigación, el padre abusaba sexualmente de su hija de forma reiterada, con la complicidad de la madre, quien facilitaba las agresiones y manipulaba a la menor para mantener el silencio. El cuñado, en tanto, aprovechó su cercanía familiar para agredirla cuando quedaba bajo su cuidado.
La víctima fue derivada al Hospital Regional de Chillán por orden del Juzgado de Familia de Bulnes, tras detectarse que estaba embarazada producto de las violaciones. En marzo de 2023, se le practicó una interrupción del embarazo amparada en la Ley 21.030 (causal de violación). Cuatro meses después, falleció tras caer desde el quinto piso del hospital, mientras permanecía internada como medida de protección.
El fiscal jefe de Bulnes, Álvaro Hermosilla, explicó que el proceso fue “especialmente difícil” por la ausencia de familiares que pudieran testificar, lo que llevó a presentar testimonios de psicólogos y trabajadores sociales que describieron cómo la niña había naturalizado los abusos sufridos desde temprana edad.
Por su parte, el subprefecto Iván Velásquez Medina, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI, destacó la coordinación entre el Laboratorio de Criminalística (Lacrim) y el Instituto de Criminología (Inscrim), cuyos peritajes técnicos fueron claves para sostener la acusación.
La sentencia fue considerada una de las más severas dictadas en Ñuble en delitos sexuales intrafamiliares, marcando un precedente en la persecución penal de los abusos contra niñas, niños y adolescentes.
