En un país donde la mitad de los trabajadores gana $611 mil pesos o menos, los sueldos de algunos ejecutivos de empresas estatales parecen una burla a la realidad del resto de la población.
Según una investigación publicada por La Segunda, algunos altos cargos en compañías públicas como Codelco, Enap, Enami, EFE y TVN perciben remuneraciones anuales que superan los $500 millones, cifras que equivalen a lo que un trabajador promedio tardaría más de 400 años en ganar.
Encabezando la lista aparece Rubén Alvarado, presidente ejecutivo de Codelco, con un ingreso anual de $537 millones, es decir, más de $44 millones mensuales. Le siguen Mauricio Barraza ($473 millones) y Mary Carmen Llano ($382 millones), todos parte de la cúpula de la principal cuprífera del país.
En la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), su gerente general, Julio Friedmann, obtiene $282 millones anuales, mientras que en TVN, en medio de pérdidas económicas y reducción de personal, la directora ejecutiva Susana García recibe $160 millones.
La situación se replica en la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), donde el gerente general, José Solorza, gana $142 millones al año, más del doble de lo que obtiene un asalariado del sector público promedio.
A esta lista se suman los supersueldos del Congreso Nacional, donde más de 130 funcionarios ganan sobre $8,4 millones mensuales, y algunos, como Julio Cámara Oyarzo, alcanzan los $17 millones al mes, casi 30 veces el salario mínimo vigente.
En contraste, los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reflejan una realidad diametralmente opuesta:
- El sueldo promedio en Chile es de $897 mil pesos, y el sueldo mediano —lo que gana la mitad del país o menos— es de $611 mil.
- El salario mínimo se fijó en $529 mil pesos desde mayo de 2025 y recién llegará a $539 mil en enero de 2026.
La diferencia es abismal: mientras una élite vinculada al aparato estatal acumula ingresos millonarios financiados con recursos públicos, millones de chilenos enfrentan la inflación, el endeudamiento y la precariedad laboral.
El debate sobre topes salariales en el sector público vuelve a la palestra, pero la indignación ciudadana crece ante lo que muchos califican como “privilegios inaceptables en un país con desigualdad estructural”.
“La brecha no solo es económica, es ética”, comentan en redes sociales, donde las cifras difundidas provocaron una oleada de críticas hacia las autoridades y las empresas estatales.
