PERÚ BAJO SITIO: EL ESTADO DE EMERGENCIA QUE PONE A LIMA Y CALLAO EN MANOS DEL EJÉRCITO
Por primera vez desde su llegada al poder, José Jerí se juega todo su capital político en una sola carta: declarar la guerra al crimen y blindar su gobierno con uniforme militar.
La noche limeña se tiñó de sirenas y discursos. Eran casi las diez cuando el presidente interino de Perú, José Jerí, apareció en cadena nacional con el gesto tenso y la voz firme. Detrás, un grupo de ministros lo observaba sin pestañear. “Las guerras se ganan con acciones, no con palabras”, sentenció, mirando directamente a cámara, antes de firmar el decreto que coloca a Lima y Callao bajo estado de emergencia durante 30 días.
A partir de la medianoche, el país volvió a una escena conocida: militares en las calles, toques de sirena, helicópteros sobrevolando avenidas y un miedo que vuelve a instalarse como huésped cotidiano.
“Pasamos de la defensiva a la ofensiva”, dijo Jerí. Y con esa frase marcó el tono de un gobierno que, apenas diez días después de la destitución de Dina Boluarte, intenta recomponer autoridad en medio de protestas, denuncias judiciales y una delincuencia que, según las encuestas, es hoy la principal preocupación del 60% de los peruanos.
Un país cansado del miedo
Los asesinatos por encargo, los secuestros exprés y las extorsiones se han vuelto paisaje. En los últimos meses, las mafias del transporte, los sicarios de barrio y los clanes extranjeros han tejido una red de violencia que mantiene en vilo a la capital peruana.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), solo en 2025 más de 180 trabajadores del transporte urbano han sido asesinados por negarse a pagar los llamados “cupos” a las bandas criminales.
Callao, el puerto que alguna vez fue símbolo de modernidad, se ha convertido en el epicentro del crimen organizado. Las balaceras son tan frecuentes que muchos comercios bajan sus cortinas antes del atardecer. “Aquí la policía llega cuando ya no hay nadie vivo”, relató hace unos días un vecino en un noticiero local.
Ante ese escenario, Jerí decidió apelar a la figura constitucional más extrema: el estado de emergencia, un mecanismo que suspende derechos fundamentales como la libertad de tránsito, reunión e inviolabilidad del domicilio, y que autoriza la intervención conjunta de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para mantener el orden.
La “ofensiva” del nuevo presidente
El decreto, publicado en El Peruano, establece que el control del orden interno estará en manos de la Policía, pero con apoyo directo del Ejército, que podrá patrullar las calles, intervenir zonas de conflicto e incluso participar en operativos contra manifestaciones.
Entre las medidas más polémicas figuran:
- Prohibición de dos adultos en motocicleta, con el objetivo de frenar los ataques armados desde vehículos.
- Restricción de visitas a las cárceles y la imposición de apagones eléctricos en celdas, para bloquear las comunicaciones ilícitas desde prisión.
- Destrucción de antenas clandestinas que permiten a los reclusos coordinar secuestros y extorsiones desde el encierro.
- Fiscalización de mercados y ferias ilegales donde se trafican autopartes, drogas y celulares robados.
Jerí asegura que el plan no busca militarizar la vida civil, sino “recuperar el control del territorio”. Pero en un país con memoria fresca de represión, muchos temen que la medida sirva más para silenciar el descontento social que para desarticular el crimen.
Protestas, denuncias y una sombra judicial
El ascenso de José Jerí al poder fue tan inesperado como turbulento. Asumió el 10 de octubre tras la destitución de Dina Boluarte, acusada de corrupción y abuso de poder. Sin embargo, su propio historial también está bajo sospecha: enfrenta denuncias por presunta violación y corrupción, que él califica como “ataques políticos”.
Desde su llegada al Palacio de Gobierno, las calles no han dejado de arder. Más de 100 personas han resultado heridas en enfrentamientos con la policía y un joven de 31 años murió tras recibir un disparo durante una manifestación. Pese a los llamados a su renuncia, Jerí se aferra al cargo: “No he venido a ceder ante el caos, sino a ponerle fin”, declaró.
Su visita a cárceles, su sobrevuelo en helicóptero sobre Lima y su aparición caminando entre las protestas han sido interpretadas como gestos de desafío. La oposición lo acusa de usar la seguridad como escudo político.
Una sociedad entre el hartazgo y la sospecha
En las calles limeñas, la reacción al decreto es ambivalente. Hay quienes aplauden la “mano dura” y piden medidas aún más severas; otros temen que el país regrese a los años oscuros de la represión militar.
El gremio artístico y nocturno, por ejemplo, pidió garantías para seguir trabajando sin restricciones. “Un toque de queda sería una sentencia de muerte económica para miles de familias”, alertó la Asociación de Músicos del Perú.
Paradójicamente, los músicos se han vuelto también blanco del crimen: hace apenas unos días, dos integrantes de una agrupación de timba fueron asesinados en el Callao, mientras que un ataque contra la famosa orquesta Agua Marina sacudió al país entero.
La guerra interna de Jerí
En el trasfondo, el estado de emergencia es tanto una medida de seguridad como un gesto político. Jerí sabe que necesita mostrar fuerza para sobrevivir en un clima donde los gobiernos duran meses.
“Esta no es una guerra simbólica”, dijo en su discurso. Pero para muchos analistas, la verdadera batalla es por la legitimidad.
El politólogo Renato Cruz lo resumió así en un programa de televisión:
“Jerí no solo enfrenta al crimen. Enfrenta el fantasma de la ingobernabilidad. Si fracasa, no será el crimen quien lo derrote, sino la desconfianza del pueblo.”
Mientras tanto, en Lima, los patrullajes continúan. Los soldados recorren avenidas que hace décadas solo veían desfiles militares. En las noches, los reflectores de los helicópteros iluminan los techos como si fueran trincheras.
El Perú entra nuevamente en un ciclo de vigilancia, miedo y esperanza.
Y aunque el presidente Jerí repita que “las guerras se ganan con acciones”, nadie parece tener claro cuál es el enemigo verdadero: la delincuencia, la corrupción o el propio poder.
