En el marco de la polémica por cobros excesivos en las cuentas de luz, el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, anunció que el Gobierno está dispuesto a considerar una ley corta para restituir los montos cobrados de manera indebida, siempre que exista un acuerdo transversal en el Parlamento.
El anuncio se da luego de que la empresa Transelec reconociera un sobrecobro de su capital, derivado de un error metodológico en el cálculo del Precio Nudo Promedio (PNP), que duplicó el efecto de la inflación en las tarifas desde 2017.
Según la Comisión Nacional de Energía (CNE), el ajuste permitirá que desde enero de 2026 las boletas reflejen una baja promedio de 2% a nivel nacional, aunque algunas regiones, como Copiapó, La Serena o Temuco, podrían ver disminuciones superiores al 5%.
García aclaró que, aunque es posible la tramitación de una ley express, el proceso debe contar con consenso parlamentario y no se garantizará un adelanto inmediato de las devoluciones, debido a pasos administrativos como la toma de razón de la Contraloría. “Lo importante es el acuerdo transversal; si todas las bancadas se pusieran de acuerdo, estaría dispuesto a considerarlo”, señaló.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro, respaldó la iniciativa y aseguró que se podrían convocar sesiones especiales para asegurar que los recursos sean restituidos a los ciudadanos. “No hay defensa ni para el Gobierno ni para las empresas; aquí a quien debemos proteger es al público”, recalcó.
El biministro también enfatizó que la devolución no implicará un pago directo, sino ajustes en las tarifas que reflejen la compensación por el exceso cobrado durante 2024 y 2025. Respecto a posibles alzas en enero, García advirtió que no puede garantizar estabilidad absoluta en las tarifas, aunque aseguró que sí habrá una disminución coherente con el error detectado.
Mientras tanto, legisladores de distintos sectores, incluyendo la diputada Camila Musante (Independiente-PP) y representantes de la UDI, han presentado proyectos y solicitudes legales para acelerar la restitución de los más de 112 mil millones de pesos cobrados indebidamente.
Con esta medida, el Gobierno busca mitigar el impacto del error en los consumidores, garantizando que la corrección de las tarifas sea rápida, transparente y acompañada de un proceso legislativo respaldado por todos los sectores políticos.
