La entrada en vigor de la normativa ambiental Euro 6C, desde el pasado 30 de septiembre, desató un terremoto económico y social en la Zona Franca de Iquique. La exigencia de que todos los vehículos livianos y medianos sean del año 2018 en adelante y utilicen un combustible especial —que actualmente no se vende en Chile— ha paralizado la venta de más de 1.500 automóviles, dejando a unas 4.000 familias al borde de la cesantía, alertó Alamgir Butt, presidente de la Asociación Gremial de Empresarios del Barrio Industrial Automotriz (AGEA).
“Estamos ante una catástrofe para la Zona Franca y para la región. No podemos vender autos, tenemos inventario desde 2018 y vehículos en camino, pero legalmente no podemos comercializarlos. Esto no solo afecta a empresarios, afecta a trabajadores, transportistas y miles de familias que dependen de esta industria para vivir”, declaró Butt en entrevista exclusiva a Vilas Radio.
El combustible que no existe: un escollo que paraliza ventas
El epicentro del conflicto es el combustible 10 ppm exigido para cumplir con Euro 6C. Según Butt, aunque la normativa establece que solo será obligatoria una vez haya disponibilidad nacional, las estaciones de servicio en Iquique no lo comercializan. “Es como pedir que compres un auto eléctrico sin tener dónde cargarlo. La norma se aplica, pero no hay manera de cumplirla”, sostuvo.
El efecto inmediato: autos en stock que no pueden ser vendidos y vehículos nuevos en tránsito que, al llegar, tampoco podrán circular. El resultado, advierte el gremio, es un bloqueo total de la actividad automotriz en la ciudad, uno de los motores económicos del extremo norte del país.
Impacto devastador en la economía y la sociedad
La paralización afecta directamente a 4.000 familias de Tarapacá y regiones vecinas, cuyos ingresos dependen de la venta y logística de vehículos usados importados de Japón, Corea, Europa y Estados Unidos. “Esto va a dejar sin trabajo a choferes, tramitadores, talleres de mecánica, empresas de transporte y portuarias. Es una cadena productiva completa que está en riesgo”, alertó Butt.
Según cifras de 2023, los vehículos importados mediante franquicias aduaneras representan apenas 1,46% de la venta nacional de autos 0 km, lo que demuestra que el impacto ambiental real es mínimo. Sin embargo, la nueva regulación exige vehículos Euro 6C y bloquea los modelos anteriores a 2018, encareciendo costos y reduciendo opciones de compra, especialmente para residentes locales, retornados del extranjero y personas con discapacidad.
Discriminación hacia Zonas Francas y grupos vulnerables
Mientras la Región Metropolitana permite la venta de vehículos que cumplen normas inferiores a Euro 6C, la Zona Franca queda excluida. “Nos están tratando de manera injusta. En Santiago venden autos Euro 5, aquí nos exigen Euro 6C. Esto no tiene nada que ver con contaminación; es un ataque directo a nuestra economía”, denunció Butt.
El gremio reporta casos de familias que juntaron moneda a moneda para adquirir autos que ahora no podrán comprar. “Vendí un auto a una madre con dos hijos discapacitados. Ella necesitaba transporte para salud y trabajo. Con esta norma, le quitan esa posibilidad”, relató Butt.
Gestiones insuficientes y desesperanza local
AGEA ha presentado cartas y oficios al Ministerio de Petróleo, al delegado presidencial y al gobierno regional, solicitando prórrogas y soluciones, pero las respuestas son insuficientes. “El delegado presidencial no tiene tiempo para nosotros, y estamos solos frente a una norma que desconoce la realidad regional. Esto es centralismo en su máxima expresión”, denunció Butt.
El gremio ya prepara una reunión con autoridades locales y medios de comunicación para visibilizar la crisis, mientras alerta que sin acción inmediata, miles de empleos y la continuidad económica de la Zona Franca están en riesgo.
Normativa Euro 6C: beneficios y tensiones
La norma Euro 6C busca reducir emisiones de óxidos de nitrógeno y partículas finas, alineándose con estándares internacionales y compromisos de descarbonización. Su verificación se realiza mediante el protocolo WLTP, midiendo emisiones reales en conducción. Aunque Chile avanza en control ambiental, la implementación apresurada y sin disponibilidad de combustible especial genera un choque brutal entre objetivos ambientales y la realidad económica regional.
La normativa también establece metas de eficiencia energética hasta 2030, impulsando la reducción de consumo de combustible y CO₂. Sin embargo, el sector advierte que la medida podría encarecer vehículos y limitar la movilidad de grupos vulnerables.
El clamor regional: flexibilidad y diálogo
El llamado de Alamgir Butt y AGEA es claro: flexibilización de plazos, disponibilidad de combustible y respeto a la función económica de la Zona Franca. “No estamos en contra del medio ambiente, estamos a favor de la vida y del trabajo. Necesitamos que nos escuchen, que comprendan la realidad de Iquique, y que se evite un desastre social y económico que afectará a miles de familias”, concluyó.
La Zona Franca de Iquique, históricamente motor de desarrollo del extremo norte, se encuentra en la antesala de una crisis sin precedentes. La norma Euro 6C, que busca un Chile más limpio, podría terminar por asfixiar a la economía regional si no se actúa con urgencia.
Revisa aquí la carta presentada por los representantes del AGEA A.G. al Consejo Regional de Tarapacá:
