El máximo tribunal del país calificó como ilegal y arbitraria la decisión de la Universidad Arturo Prat de declarar vacante el cargo de una trabajadora que estuvo con licencia médica, ignorando el informe de la COMPIN que acreditaba que su salud era recuperable. La institución deberá reincorporarla y pagarle todos los sueldos adeudados desde su separación.
Una resolución contundente y ejemplificadora. Así fue el fallo que la Corte Suprema emitió en contra de la Universidad Arturo Prat (UNAP), luego que esta declarara vacante el cargo de una funcionaria, argumentando “salud incompatible con el desempeño del cargo”. La máxima instancia judicial del país revocó la decisión y ordenó su inmediata reincorporación, además del pago total de sus remuneraciones desde el día en que fue separada de sus funciones.
El caso se arrastraba desde hace meses y reflejaba una realidad que viven cientos de funcionarios públicos: el temor a perder su empleo por enfermedades prolongadas. La trabajadora afectada había sido apartada de su cargo tras acumular 391 días de licencia médica en dos años, lo que la universidad interpretó como causal suficiente para aplicar el artículo 151 del Estatuto Administrativo.
Sin embargo, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) había determinado que su condición era recuperable, lo que invalidaba cualquier decisión de vacancia por “salud incompatible”.
Un despido sin sustento técnico
La funcionaria, al verse desvinculada, presentó un recurso de protección, argumentando que la medida vulneraba sus derechos fundamentales, particularmente su derecho a la igualdad ante la ley y a la propiedad (artículos 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución).
Pese a esto, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó su solicitud, respaldando la postura de la UNAP. La historia habría terminado ahí si no fuera porque la trabajadora decidió llevar el caso hasta la Corte Suprema, donde finalmente encontró justicia.
El máximo tribunal fue categórico: la universidad actuó de manera arbitraria e ilegal al no considerar el informe técnico de la COMPIN. Según la resolución, “si el organismo competente declara que la salud es recuperable, la autoridad no puede aplicar la causal de salud incompatible”.
La Corte Suprema pone el punto final
En su fallo, la Corte Suprema señaló que la intención del legislador, al exigir un informe previo de la COMPIN, fue precisamente proteger a los funcionarios públicos frente a decisiones discrecionales. Por tanto, el informe técnico es vinculante: la autoridad debe acatarlo.
La sentencia subraya que la UNAP vulneró derechos constitucionales al omitir este dictamen y no permitir que la afectada ejerciera su defensa.
El tribunal ordenó entonces dejar sin efecto la vacancia del cargo, reintegrar a la funcionaria y pagarle todos los sueldos y beneficios que dejó de percibir, “debidamente reajustados, desde la fecha de su separación hasta su efectivo reingreso”.
Voto dividido: dos ministros en desacuerdo
El fallo no fue unánime. Los ministros Haroldo Brito, Andrea Muñoz y Jean Pierre Matus conformaron la mayoría, mientras que Carlos Matus y Rosa Lusic votaron en contra, argumentando que los jefes de servicio —incluidos los rectores de universidades estatales— tienen facultades legales para declarar vacantes cargos por salud incompatible, y que no existió abuso de poder ni arbitrariedad evidente.
Aun así, la mayoría prevaleció, marcando un precedente que podría repercutir en el manejo de licencias médicas y despidos en el sector público.
Un fallo que marca precedente
El caso sienta un precedente de gran relevancia para el ámbito laboral público y universitario. La resolución reafirma que las instituciones del Estado deben respetar los dictámenes técnicos y no pueden actuar discrecionalmente frente a informes médicos oficiales.
En otras palabras: nadie puede ser despedido por estar enfermo si la COMPIN ha certificado que su salud es recuperable.
Con este fallo, la Corte Suprema no solo devuelve la estabilidad laboral a una funcionaria injustamente apartada, sino que además envía un mensaje claro a todos los servicios públicos del país: las decisiones administrativas deben estar fundadas en criterios técnicos, no en conveniencias institucionales.
Revisa aquí la sentencia de la Corte Suprema:
