Después de años de espera, frustración y silencio institucional, una víctima de tortura durante la dictadura finalmente pudo cobrar la indemnización que le correspondía, gracias a la intervención directa del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en Tarapacá.
Lo que parecía un simple trámite bancario se había transformado en un obstáculo injustificado que prolongaba el dolor de quien ya había sufrido secuelas físicas y psicológicas irreparables.
El caso tiene sus raíces en un juicio civil iniciado en junio de 2022 ante el 29° Juzgado Civil de Santiago. Allí, la persona afectada demandó indemnización por daño moral, y un año después el tribunal dictó sentencia reconociendo la gravedad de los sufrimientos ocasionados: “Solo cabe creer en la versión entregada y tener por serio y grave el dolor moral invocado”, señaló la resolución. Aunque el Consejo de Defensa del Estado apeló, la Corte de Apelaciones ratificó en enero de 2024 la sentencia, consolidando el derecho de la víctima a recibir el monto correspondiente.
Sin embargo, la burocracia volvió a interponerse. La Tesorería Regional de Tarapacá retuvo los fondos alegando un pendiente tributario. La víctima, de 78 años y con ingresos mínimos obtenidos trabajando en un taxi facilitado por sus hijas, solicitó en abril de 2025 una excepción para recibir su dinero, pero su petición fue verbalmente denegada, sin constancia escrita.
Fue entonces cuando el INDH tomó cartas en el asunto. La jefa regional, Lorena De Ferrari Mir, envió un primer oficio en julio a la Tesorería, preguntando por los motivos de la retención y subrayando que se trataba de una reparación legal otorgada a una víctima de tortura. Ante la falta de respuesta, a comienzos de octubre el INDH insistió, solicitando confirmación sobre la deuda tributaria y recordando el daño que prolonga la retención de un dinero que debía servir para reparar un sufrimiento histórico.
El 6 de octubre, finalmente, la Tesorería respondió: la mayor parte del monto fue entregada a la víctima mediante un cheque, quedando solo una fracción destinada a un convenio de pago por la deuda pendiente. Una victoria que, más allá del dinero, simboliza justicia y reconocimiento tardío.
Para De Ferrari, la acción no solo fue administrativa, sino profundamente humana: “Cada día que se retrasa una indemnización como esta, es un día más de daño para quien ya sufrió tanto. Nuestra labor es garantizar que el Estado cumpla con lo que la ley y la justicia han ordenado”.
Este caso evidencia cómo, décadas después de la dictadura, la lucha por la reparación continúa siendo necesaria. La acción del INDH en Tarapacá demuestra que incluso frente a la burocracia más rígida, la justicia puede abrirse camino, otorgando dignidad y reparación a quienes durante demasiado tiempo han sido olvidados.
