La plataforma que debía dar vida a la Ley Uber se convirtió en un fantasma tecnológico: costó más de 500 millones de pesos y nunca funcionó. La investigación de Informe Especial de 24 Horas destapó un entramado de contratos fallidos, improvisaciones y tensiones políticas que hoy tienen en vilo al Ministerio de Transportes y a miles de conductores en Chile.
El proyecto que nunca arrancó
Era la gran promesa del Gobierno: un registro digital nacional que reuniría la información de conductores, vehículos y viajes de aplicaciones como Uber, Cabify y DiDi. Esa pieza era el motor central de la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte (Ley EAT), conocida como “Ley Uber”, que buscaba nivelar la cancha frente a los taxis y establecer reglas claras en el sector.
Pero lo que debía ser el corazón de la normativa terminó como un esqueleto incompleto: $513 millones gastados y un software tan precario que, según confesaron funcionarios a Informe Especial, “sirve más de ejemplo de cómo no se hacen las cosas que de un sistema útil”.
Un trato directo bajo sospecha
Tras dos licitaciones fallidas, la Subsecretaría de Transportes optó por adjudicar el desarrollo vía trato directo a Concordia Ediciones SpA, empresa ligada a Edgardo Montecinos.
El contrato inicial fue de 9.997 UF y, meses después, se amplió por otras 2.999 UF, acumulando más de $513 millones de pesos. Aun así, el sistema nunca operó. Peor aún: Informe Especial reveló que parte del equipo contratado estaba compuesto por profesionales reciclados de una compañía previamente descartada en las licitaciones.
El fracaso estrepitoso
En agosto de 2025, el ministerio terminó anticipadamente el contrato con Concordia. El producto entregado era, en palabras de un funcionario citado en el reportaje de 24 Horas, “inútil”.
Las consecuencias son graves: la Ley Uber, promulgada en abril de 2023, debía entrar en vigencia este año. El subsecretario Jorge Daza había prometido que estaría operativa en el primer semestre de 2025. Nada de eso ocurrió.
Un nuevo intento, más caro
Como reveló Informe Especial, el Ministerio de Transportes ahora prepara un nuevo contrato, también por trato directo, esta vez por $800 millones de pesos, para intentar rehacer la plataforma desde cero. Oficialmente, se asegura que se trabajará sobre lo ya avanzado, pero fuentes de la investigación advierten que lo desarrollado por Concordia no sirve y que todo tendrá que empezar nuevamente.
En paralelo, la crisis ya cobró su primera víctima: el funcionario Dennis Quezada, contraparte técnica del proyecto, dejó su cargo. Y en el plano político, el ministro Juan Carlos Muñoz comenzó a tomar distancia del subsecretario Daza, señalado como responsable de la desastrosa adjudicación.
Conductores en el limbo, gremios en pie de guerra
El escándalo no se queda solo en oficinas ministeriales. Miles de conductores siguen en la incertidumbre: sin registro, siguen expuestos a fiscalizaciones e infracciones sin reglas claras.
Las aplicaciones agrupadas en Alianza In denunciaron improvisación y pidieron que la implementación quede en manos del próximo gobierno. “Apurar una ley sin bases sólidas es condenarla al fracaso”, advirtieron en un comunicado replicado por Informe Especial.
El costo político y las preguntas sin respuesta
El fracaso deja heridas abiertas:
- ¿Quién fiscalizó realmente el trabajo de Concordia?
- ¿Por qué se optó por trato directo en lugar de un proceso transparente?
- ¿Quién responde por más de $513 millones tirados a la basura?
Pese a las consultas de Informe Especial, ni el Ministerio de Transportes ni los dueños de Concordia han respondido.
El reloj en contra
El tiempo apremia: queda menos de un año y medio de mandato y la Ley Uber sigue sin motor. El corazón digital que debía sostenerla nunca latió, y ahora el proyecto cuesta más, está retrasado y enfrenta la sombra de la desconfianza pública.
El reportaje de Informe Especial de 24 Horas lo resumió sin anestesia: “Lo que se hizo hasta ahora no sirve. Habrá que empezar todo desde cero”.
