En medio de un debate marcado por la urgencia ambiental y la presión de las pequeñas empresas, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó las modificaciones a la Ley 21.368, que regula la entrega de plásticos de un solo uso. La decisión, que obtuvo 97 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones, busca flexibilizar la norma y otorgar mayor claridad a su implementación, pero ha encendido una polémica que divide a parlamentarios, empresarios y ambientalistas.
Un giro que busca sentido común
El proyecto, impulsado por los diputados José Carlos Meza, Sara Concha, Eduardo Cornejo y Hugo Rey, propone permitir la entrega de productos de un solo uso elaborados con materiales reciclables o biodegradables como papel, cartón o madera certificada, dejando claro que solo los plásticos convencionales serán restringidos.
Durante la votación en Sala, una indicación del diputado Felipe Donoso y la diputada Flor Weisse fue aprobada con 99 votos a favor, 11 en contra y 27 abstenciones, modificando el artículo 3° de la ley para exceptuar estos productos biodegradables, tanto para consumo dentro de los establecimientos como para eventos temporales, siempre y cuando se garantice la valorización de residuos.
“La ley busca equilibrio: proteger el medio ambiente y al mismo tiempo apoyar a las pequeñas empresas que no pueden absorber los costos de reemplazar todos sus productos”, explicó el diputado Meza, autor de la iniciativa.
Pymes en el ojo del huracán
Varios legisladores, entre ellos Marta Bravo, Miguel Mellado y Jaime Araya, defendieron los cambios argumentando que la ley original, si bien redujo el uso de plásticos, había generado efectos adversos en las pymes, por la ambigüedad en la prohibición de productos de un solo uso.
“El sentido común indica que no todos los desechables son igual de dañinos. Podemos reemplazar plásticos por materiales reciclables o biodegradables sin afectar la economía de los pequeños negocios”, señaló Bravo.
Críticas de retroceso normativo
No todos celebran. Los diputados Hernán Palma y Félix González criticaron la iniciativa, calificándola como un retroceso que podría diluir la efectividad de la ley.
“Estamos frente a una crisis global del plástico. Los microplásticos no solo contaminan mares y suelos, también llegan a nuestros alimentos y al aire que respiramos. Las pymes ya se han adaptado; las grandes empresas siguen presionando para evitar la ley. Esto no es protección, es excusa”, advirtieron.
Plazo extendido y entrada en vigencia
Otro punto crucial aprobado fue la extensión del plazo de entrada en vigencia de la ley: seis meses después de la publicación del reglamento. Esto permitirá a las empresas ajustar sus procesos, adquirir nuevos materiales y asegurar el cumplimiento de la normativa sin sanciones inmediatas.
Entre el ambientalismo y la economía
El debate refleja la tensión entre la urgencia ambiental y las realidades económicas de miles de comercios pequeños. Mientras ambientalistas alertan sobre el riesgo de flexibilizar la norma, los diputados promotores argumentan que la ley original no distinguía entre plásticos dañinos y materiales amigables con el medio ambiente.
El resultado es un equilibrio delicado: la ley se mantiene, pero con margen para innovar y adaptarse, buscando que el plástico de un solo uso sea cada vez menos protagonista, mientras que los materiales reciclables y biodegradables tengan un lugar seguro en la economía cotidiana.
En definitiva, Chile avanza hacia un futuro más sostenible, pero el camino sigue lleno de tensiones entre el cuidado del planeta y la supervivencia económica de las pymes. La batalla por un país más limpio continúa, y esta ley ajustada es solo un capítulo más en una lucha que apenas comienza.
