El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, encendió el debate al plantear abiertamente lo que muchos en el sector reconocen en privado: sin trabajadores migrantes, la agricultura chilena no funciona.
El ex ministro aseguró que hoy existe un déficit estructural de mano de obra en el campo y que la única salida viable es iniciar un proceso de regularización acotado para miles de inmigrantes que permanecen en situación irregular en el país.
En entrevista con una radio nacional, Walker fue categórico: “El sector agrícola es muy intensivo en mano de obra. Genera un millón de empleos en forma directa y un porcentaje muy importante en forma indirecta. No tenemos la fuerza laboral nacional para realizar todas esas labores agrícolas”.
Para graficar la magnitud del problema, recordó que solo la temporada de cerezas —una de las exportaciones estrella de Chile— requiere 350 mil trabajadores, sin contar podas, embalaje y procesamiento en packings.
El dirigente gremial subrayó que el sector agrícola depende de aproximadamente un millón y medio de personas para sostener exportaciones que superan los US$13.500 millones anuales, una cifra que está en riesgo si no se garantiza suficiente mano de obra.
Walker puso sobre la mesa una cifra incómoda: cerca de 800 mil personas viven en Chile en condición irregular, según estimaciones conversadas con el Servicio Jesuita a Migrantes. “Sé lo que estoy diciendo y es muy poco popular”, admitió, consciente de que la propuesta puede generar resistencia. “La única medida realista es regularizar a quienes trabajan, tienen vínculos familiares y un historial limpio. Es imposible expulsar a todos los inmigrantes irregulares. Ningún país lo ha hecho”.
El líder gremial recordó que durante el gobierno anterior se implementaron dos programas de regularización bajo criterios estrictos —antecedentes limpios y vínculos familiares o laborales— y llamó a replicar esa experiencia. A su juicio, el problema va más allá de intereses empresariales: “No es solo un tema productivo, también es un tema humanitario brutalmente complejo”.
Respecto de la inmigración vinculada al crimen organizado, Walker fue tajante: los extranjeros que delinquen deben ser expulsados. Sin embargo, advirtió que esa política no resuelve el problema estructural: “Tenemos entre 500 mil y 800 mil inmigrantes irregulares en Chile, y muchos de ellos trabajan, han sido un aporte y están en situación irregular por no tener papeles. A ellos hay que darles una salida legal”.
La posición del presidente de la SNA desnuda una realidad incómoda: la agricultura chilena, que sostiene parte importante de las exportaciones nacionales, se sostiene sobre trabajadores migrantes que en muchos casos viven bajo la sombra de la irregularidad. Y la solución, aunque impopular para algunos sectores, parece ser clara: regularizar o arriesgar el colapso de un sector estratégico de la economía.
