En la región de Tarapacá, un arquitecto fiscalizador del Ministerio de Bienes Nacionales ha quedado en el ojo del huracán por acceder a un beneficio fiscal que le permite pagar apenas $50.822 mensuales por una vivienda propiedad del Estado, mientras su salario supera los $2.381.467, según registros de junio de este año.
La situación se enmarca dentro de un patrón más amplio de arriendos fiscales a funcionarios, pero el caso regional evidencia con claridad la brecha entre sueldo real y canon simbólico, despertando cuestionamientos sobre la equidad y los criterios de asignación en el servicio público.
El beneficio otorgado al arquitecto se enmarca en la normativa vigente, que permite a ciertos funcionarios residir en propiedades del Estado cuando sus funciones implican mantención o vigilancia de inmuebles. Sin embargo, fuentes del Ministerio y expertos consultados señalan que el profesional no desempeña tareas que justifiquen la ocupación directa del inmueble bajo estos criterios, lo que pone en evidencia la flexibilidad con la que se aplican estas reglas en la práctica.
Este tipo de arriendos fiscales ha sido documentado por medios de investigación como El Mostrador, que ha recopilado antecedentes sobre distintos inmuebles del Estado arrendados a funcionarios en todo el país con valores notablemente bajos en comparación con el mercado.
Según los datos obtenidos, se registran pagos mensuales que oscilan entre $25.000 y $50.000, mientras los salarios de los ocupantes superan en muchos casos los dos millones de pesos, como ocurre en Tarapacá.
El fenómeno no es exclusivo del norte: abogados, arquitectos, ingenieros y hasta exdelegados presidenciales han accedido a estos beneficios en diversas regiones, muchas veces antes de firmar el contrato de arrendamiento formal. En el caso del arquitecto fiscalizador tarapaqueño, el inmueble se encontraba en uso previo a la formalización del arriendo, una situación que ha sido recurrente en otros casos y que genera interrogantes sobre el cumplimiento de los procedimientos legales.
Consultado sobre estas asignaciones, el Ministerio de Bienes Nacionales ha indicado que “los criterios de adjudicación priorizan a funcionarios de planta, asegurando que no sean propietarios de otra vivienda en la misma ciudad y que el inmueble esté en el lugar donde desarrollan sus funciones”. No obstante, analistas y especialistas en derecho administrativo sostienen que la interpretación de la normativa se ha extendido más allá de su espíritu original, permitiendo que profesionales que no cumplen estrictamente con las funciones de mantención o vigilancia se beneficien de arriendos casi simbólicos.
El contraste entre el sueldo del arquitecto y el valor que paga por la vivienda evidencia una situación de inequidad que ha generado debate en la sociedad y en sectores del propio gobierno. Mientras el profesional recibe más de 2,3 millones de pesos mensuales, el canon de $50.822 representa menos del 3% de su remuneración líquida, lo que plantea interrogantes sobre el uso eficiente de los recursos del Estado.
Especialistas advierten que casos como este pueden erosionar la confianza pública en las instituciones, al mostrar un aparente trato preferencial para ciertos funcionarios, sin una justificación transparente basada en la ley. La falta de mecanismos claros de supervisión y control, sumada a la discrecionalidad en la asignación de inmuebles fiscales, ha abierto la puerta a este tipo de irregularidades en distintas regiones del país.
En Tarapacá, el caso del arquitecto fiscalizador se ha convertido en un ejemplo emblemático de cómo se aplican los beneficios de arriendo fiscal en la práctica, evidenciando la necesidad de una revisión integral de los criterios de asignación y de una mayor transparencia en la gestión de los bienes del Estado.
