El conflicto al interior del Municipio de Alto Hospicio escaló este martes luego de que el cuerpo de concejales exigiera explicaciones al alcalde Patricio Ferreira por la permanencia en el cargo del periodista Iván Valdés, jefe de Comunicaciones y asesor directo del edil, tras la filtración de un audio con expresiones ofensivas hacia funcionarios municipales.
Durante la 27ª sesión ordinaria del Concejo Municipal, los ediles plantearon de manera unánime que no basta con la apertura de un sumario administrativo, como dispuso Ferreira, sino que corresponde aplicar el artículo 160 del Código del Trabajo para poner fin inmediato al vínculo laboral. “No estamos exigiendo un sumario, estamos exigiendo la desvinculación directa del funcionario, tal como ocurrió con otros trabajadores despedidos por causales menores”, señaló el concejal Gabriel Orellana.
El alcalde defendió su postura, asegurando que actuó conforme a la Ley Karin, que regula los casos de acoso laboral y exige reserva en los procedimientos. “Ya instruimos una investigación sumaria y debemos respetar la confidencialidad. Mi deber es resguardar los derechos tanto de la víctima como del denunciado”, afirmó Ferreira, quien declinó entregar mayores detalles del proceso.
La respuesta generó molestia en la sala. “Esto no lo podemos tolerar. Mientras no exista claridad en la desvinculación del señor Iván Valdés, no seguiré participando de este Concejo”, advirtió el concejal Tomás Soto, tras lo cual varios ediles abandonaron el pleno.
Horas más tarde, los concejales acudieron a la Contraloría Regional de Tarapacá para ingresar una denuncia por eventuales infracciones a la probidad administrativa, discriminación y acoso laboral, invocando además la Ley Karin y la Ley Antidiscriminación. En redes sociales, el propio Soto precisó: “Solicitamos una investigación que resguarde la legalidad y el clima laboral en la Municipalidad. No vamos a permitir prácticas de acoso ni tratos discriminatorios”.
El episodio se suma a una serie de tensiones que arrastra la administración comunal en las últimas semanas. Mientras los concejales insisten en la necesidad de una salida inmediata de Valdés, Ferreira asegura que solo la investigación en curso podrá determinar eventuales sanciones. “Ya tomé las acciones que me corresponden como alcalde y esperaremos el resultado de la investigación. Actuaré de acuerdo a lo que la ley establece”, recalcó.
Por ahora, el caso seguirá bajo la lupa de la Contraloría y de la opinión pública, que exige transparencia y claridad en una crisis que ya afecta la gobernabilidad del municipio.
