Un nuevo capítulo se abre en la larga historia del transporte menor en Chile. Cuatro senadores —Karim Bianchi, Juan Luis Castro, Alejandro Kusanovic y Enrique Van Rysselberghe— presentaron una moción que busca extender hasta noviembre de 2033 la suspensión de inscripciones de taxis colectivos en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros, una medida que lleva más de 25 años renovándose sin que el problema de fondo encuentre solución.
La iniciativa pretende frenar la incorporación de nuevos vehículos al sistema por ocho años más, alegando que los problemas estructurales del rubro no solo persisten, sino que se han agudizado: sobresaturación en algunas regiones, ausencia en otras, precarización económica de los conductores, falta de integración con otros modos de transporte y un impacto ambiental que contradice los compromisos de movilidad sostenible del país.
Un servicio histórico, pero desbordado
Los taxis colectivos surgieron a mediados del siglo pasado como una alternativa flexible y cercana, logrando llegar a sectores rurales y periféricos que el transporte público no cubría. Con el tiempo, se transformaron en un servicio vital para millones de chilenos, pero su crecimiento desregulado desde los años 90 desató problemas graves de sobreoferta, competencia desleal y deterioro de la calidad del servicio.
Fue en 1998 cuando la primera ley detuvo la inscripción de nuevos colectivos, congelamiento que desde entonces se ha prorrogado en seis oportunidades, la última en 2020, con vencimiento fijado para el 15 de noviembre de 2025.
Ahora, los parlamentarios proponen mantener el “candado” hasta 2033. “Levantar la restricción sin un marco normativo claro sería irresponsable y dañino tanto para los actuales operadores como para los usuarios”, señalan los autores.
Argumentos de fondo
Entre las razones que fundamentan la moción destacan:
- Desequilibrio territorial: mientras en algunas regiones hay una sobrepoblación de taxis colectivos que colapsa las calles, en otras la cobertura sigue siendo insuficiente.
- No integración al transporte público: pese a su importancia social, el sector no ha sido incorporado en planes de movilidad urbana o regional, operando sin coordinación con buses, metro o trenes.
- Precarización económica: con ingresos decrecientes, costos crecientes y competencia informal, la apertura del registro pondría en riesgo la subsistencia de miles de familias que dependen de esta actividad.
- Impacto ambiental: un aumento descontrolado de vehículos elevaría la congestión, el ruido y las emisiones contaminantes, retrocediendo en los compromisos de descarbonización.
- Falta de políticas de modernización: subsidios y programas de recambio prometidos por leyes anteriores no han sido implementados plenamente.
Camino legislativo
El proyecto, que se encuentra en su primer trámite constitucional, fue derivado a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, donde será debatido antes de pasar a la Sala.
De aprobarse, la medida se transformaría en la séptima prórroga del congelamiento y regiría por ocho años más, manteniendo cerrado el registro hasta 2033, e impidiendo también los cambios de inscripción de una región a otra.
El trasfondo: una bomba de tiempo sin resolver
Para expertos en movilidad, el nuevo intento de extender la suspensión confirma que el Estado no ha logrado diseñar una política integral de transporte menor. Si bien el congelamiento contiene el crecimiento desmedido del parque automotor, no resuelve el problema estructural: un sistema vital para la conectividad nacional que se encuentra atrapado entre la informalidad, la falta de regulación moderna y la presión ambiental.
Así, mientras el Congreso debate, el reloj corre y los taxis colectivos siguen siendo —con sus luces y sombras— el transporte cotidiano de miles de chilenos en regiones, pueblos y ciudades intermedias.
Revisa la moción completa aquí:
