Más de mil reposos autorizados por profesionales no habilitados, licencias firmadas por médicos sancionados y controles casi inexistentes en la COMPIN regional motivaron la apertura de un sumario administrativo.
La Contraloría Regional de Antofagasta encendió una alarma que sacude de lleno a la salud pública del norte del país. Un informe de auditoría reveló una trama de irregularidades en la aprobación y gestión de licencias médicas por parte de la Seremi de Salud y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) regional durante los años 2023 y 2024. Las conclusiones son tan preocupantes que el organismo de control decidió abrir un sumario para establecer responsabilidades administrativas.
El documento, de más de un centenar de páginas, no solo expone fallas de procedimiento, sino también prácticas que, según especialistas, podrían configurar un riesgo serio para la probidad del sistema de reposos médicos financiados con recursos públicos.
Licencias autorizadas sin control
El primer hallazgo golpea en el corazón del sistema: 113 profesionales no habilitados prescribieron 1.187 licencias médicas en la región, de las cuales más de 1.100 fueron autorizadas por la COMPIN sin advertir que sus emisores carecían de registro válido.
La auditoría también reveló casos insólitos: licencias aprobadas por funcionarios sin atribuciones, reposos extendidos por médicos contralores para sí mismos y permisos otorgados a familiares directos de quienes debían fiscalizarlos.
“Se trata de una cadena de decisiones que refleja un control débil o derechamente inexistente”, advierte el informe.
Médicos sancionados que siguieron emitiendo licencias
Otro de los puntos críticos del reporte es la constatación de que médicos sancionados por la propia COMPIN continuaron emitiendo reposos durante su periodo de suspensión.
Entre 2023 y 2024 se registraron 1.626 licencias emitidas en estas condiciones, de las cuales 1.479 fueron aprobadas. Además, la Contraloría detectó que 59 de 94 médicos sancionados vieron levantadas sus restricciones sin claridad sobre los fundamentos que justificaron esa decisión.
“No existen controles periódicos que permitan asegurar el cumplimiento efectivo de las sanciones ni el pago de las multas cursadas”, concluye el informe.
Fiscalizaciones mínimas y conflictos de interés
La investigación también pone en evidencia un déficit estructural en las fiscalizaciones: apenas un 0,12% de los reposos fueron verificados en terreno para comprobar su cumplimiento, y solo un 0,08% respecto de la relación laboral de los beneficiarios.
A ello se suma la ausencia de mecanismos eficaces para evitar conflictos de interés en la tramitación de licencias dentro del Sistema Informático de Fonasa (SIF). La auditoría incluso detectó casos de médicos que validaban sus propios reposos.
Un sistema que arrastra deudas millonarias
Más allá de los problemas administrativos, la Contraloría reveló un dato que preocupa a instituciones públicas: al cierre de 2024, la COMPIN de Antofagasta mantenía licencias pendientes de pago a 120 entidades del Estado, por un monto total que supera los $36.582 millones.
Esa cifra, dicen expertos, no solo refleja la fragilidad de la gestión interna, sino también el impacto financiero que puede tener para hospitales, servicios de salud y organismos que dependen del cumplimiento oportuno de estos pagos.
Sumario y medidas correctivas
Frente a estas irregularidades, la Contraloría Regional resolvió abrir un sumario administrativo destinado a identificar a los funcionarios responsables y definir sanciones. El organismo de control exigió, además, reforzar los mecanismos de resguardo de talonarios en papel, mejorar la consistencia de las bases de datos y establecer protocolos claros para la fiscalización y sanción de los médicos que infringen la normativa.
“El objetivo no es solo sancionar, sino también garantizar que las licencias médicas —un derecho fundamental de los trabajadores— se gestionen con probidad, transparencia y responsabilidad”, enfatizó la entidad.
Una señal para todo el país
El caso de Antofagasta podría convertirse en un precedente nacional. El descontrol detectado en el norte abre interrogantes sobre la situación en otras regiones y revive el debate sobre la necesidad de una reforma integral al sistema de licencias médicas, que cada año moviliza miles de millones de pesos del erario fiscal.
Mientras la investigación avanza, el sistema de salud pública enfrenta una prueba de confianza: demostrar que está en condiciones de corregir sus fallas y evitar que las licencias médicas, en vez de ser una herramienta de protección, se transformen en un terreno fértil para abusos y desconfianza.
Revisa el informe completo aquí:
