El candidato a diputado por Arica y Parinacota, Sebastián Huerta (ChileVamos), viajó hasta Cochabamba, Bolivia, para constatar en terreno lo que él describe como una práctica alarmante: la supuesta venta de visas de trabajo para Chile, como si se tratara de un producto de feria.
“Venden la visa como si fueran verduras en una feria”, ha dicho Huerta, denunciando que el fenómeno está creciendo de forma exponencial y fuera de control.
Pero, ¿qué hay de verdad en estas acusaciones? ¿Qué dicen los datos oficiales y las leyes? Este reportaje recopila lo que se sabe, lo que se ha verificado, y lo que aún está en disputa legal.
Lo que afirma Huerta
Según el candidato:
- Que en Bolivia se están ofreciendo visas laborales para Chile, “a precios elevados”, equiparándolo a un mercado informal.
- Que estas visas prometen servicios como carnet de identidad, educación gratuita para hijos, salud, residencia por dos años, todo lo que implicaría un efecto llamado “incentivo migratorio”.
- Que el Acuerdo de Residencia del Mercosur, al que él alude como base legal para estas visas, nunca fue ratificado por el Congreso chileno, lo que lo haría “ilegítimo” para su uso actual.
- Que la Contraloría habría observado este acuerdo y recomendado su ratificación, pero que pese a dichas observaciones el acuerdo se estaría aplicando “como si fuera ley”.
Huerta asegura también que los números han crecido: afirma que pasan de “20 mil a 200 mil bolivianos en Chile en poco más de una década” (o variaciones similares de esa magnitud), lo que para él demuestra el fracaso de la política migratoria vigente.
Qué dicen las cifras oficiales hasta ahora
Al contrastar con datos disponibles públicamente:
- Según un reporte de La Tercera / Pulso del año 2025, las visas laborales entregadas en Chile superaron las 100 mil en el primer semestre; se indica que se aprobaron 115.034 permisos laborales.
- De esos, más de 70 mil fueron para ciudadanos bolivianos, lo que representa un crecimiento muy grande.
- En otro informe del Servicio Nacional de Migraciones (o fuente oficial similar), se señalaba que en 2024 fueron entregadas cerca de 98.518 visas laborales (un 40 % más que en 2023). De nuevo, bolivianos aparecen entre los grupos con mayor crecimiento.
- En cuanto a población migrante residente, el Censo 2024 y estimaciones del INE muestran que Chile tenía aproximadamente 1.918.583 personas extranjeras residentes habituales al cierre del 2023. De esos, el porcentaje de bolivianos era cerca del 9,4 %.
- También existen datos sobre migrantes en situación irregular: se estima que la población migrante irregular en Chile llegó a más de 330 mil personas para fines del año 2023. De esos, algunos miles son bolivianos.
Estas cifras muestran un crecimiento, sí, pero no necesariamente evidencian la “venta de visas” de la manera irregular que acusa Huerta, ni pruebas concretas de que visados laborales estén siendo comerciados en ferias.
Lo que se sabe de la ley, tratados y acuerdos
Para entender lo que cuestiona Huerta, conviene revisar la legislación:
- Ley de Migración y Extranjería de Chile (Ley N° 21.325) reguló y modernizó el régimen migratorio. Esa ley establece requisitos para residencias, permisos laborales, autorizaciones previas, entre otros. Cualquier persona que quiera trabajar legalmente debe tener un permiso de residencia que lo habilite para trabajar o algún permiso especial (visa sujeta a contrato, residencia temporaria, etc.). Detalles aquí.
- El “Acuerdo de Residencia para Nacionales de los Estados Parte del Mercosur, Bolivia y Chile” efectivamente existe como texto, pero lo crítico es si fue ratificado por el Congreso y si los requisitos legales han sido cumplidos para su aplicación. No he encontrado hasta ahora una fuente pública confiable que confirme que ese acuerdo haya sido formalmente ratificado por el Congreso chileno.
- Hay reportes también de la Contraloría que advierten la necesidad de ratificar tratados internacionales para que tengan plena vigencia legal, y velan por la correcta aplicación de los mismos. Sin embargo, no he hallado hasta este momento un informe público que diga que el Acuerdo de Residencia de Mercosur, en la forma que Huerta lo acusa, esté siendo usado “como ley” de manera irregular o fraudulenta (al menos según fuentes accesibles hasta ahora).
Lo que no se ha podido confirmar
- No se ha verificado con documentos que haya “puestos de venta” físicos de visas en Cochabamba operando abiertamente como mercado informal, ni con tarifas fijas, dentro de registros judiciales o inspecciones oficiales accesibles.
- Las cifras de “20 mil a 200 mil bolivianos en Chile” como crecimiento no coinciden con los datos públicos que muestran números de visas laborales, población migrante residente, pero no de “visas vendidas” de forma clandestina.
- Tampoco se ha encontrado un respaldo documental que establezca que los servicios prometidos (carnet de identidad, educación gratuita, salud gratis) estén siendo ofrecidos como parte de un paquete comercial informal, más allá de lo que la ley ya contempla para migrantes con residencia legal.
Implicaciones legales y lo que se podría estar discutiendo
- Ratificación de tratados: Si un tratado internacional (como un acuerdo de residencia para países del Mercosur) no ha sido ratificado por el Congreso, su aplicación puede estar bajo cuestionamiento. En Chile, los tratados internacionales requieren de ratificación para tener fuerza legal plena, salvo que la Constitución o leyes especiales dispongan otra cosa.
- Ley 21.325 exige que los permisos de trabajo, residencia, etc., cumplan requisitos legales formales, y no permite “venta” de documentos fuera de los canales oficiales. Si alguien está ofreciendo visas laborales de forma informal, podría estar cometiendo delitos de falsificación, usurpación de títulos, tráfico de personas, o delitos relacionados con la migración irregular.
- Poder Legislativo y Contraloría: La Contraloría tiene rol fiscalizador; si hay observaciones al uso de un tratado no ratificado, puede emitir informes o dictámenes que señalen illegalidades. Las comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y la Cámara, como menciona Huerta, están facultadas para revisar tratados internacionales, su ratificación, y su cumplimiento.
Evaluación crítica
Si bien las denuncias de Huerta tocan temas sensibles —migración, derechos, legalidad, control fronterizo—, hasta ahora lo que se ha encontrado es:
- Un crecimiento real en visas laborales para bolivianos (y para migrantes en general) que están documentadas por migraciones de Chile.
- Pero también, una falta de pruebas públicas verificadas que respalden que hay una venta informal de visas como si fueran productos sin respaldo legal.
- Que las afirmaciones sobre tarifas, cantidades exactas, distribución geográfica, servicios ofrecidos como parte de ese supuesto “paquete” de visa, no están confirmadas por fuentes oficiales hasta ahora.
