A solo días de que la Corte de Apelaciones de Santiago analice la solicitud de desafuero en su contra, el diputado Joaquín Lavín León enfrenta un nuevo golpe judicial.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella criminal en su contra por presuntos delitos tributarios, acusándolo de utilizar un esquema de facturas y boletas falsas para justificar gastos con cargo a las asignaciones parlamentarias y, de esa forma, acceder de manera indebida a fondos públicos.
La acción judicial, de 42 páginas, fue firmada por la directora subrogante del SII, Carolina Morales, y detalla que entre 2017 y 2022 el legislador habría recibido 34 facturas ideológicamente falsas emitidas por las empresas Imprenta MMG S.A. y Gráfica Totalprint SpA, de propiedad de Juan Silva, con la intermediación de Arnaldo Domínguez.
Según el SII, esos documentos se habrían utilizado para simular servicios de impresión y gráfica que nunca se realizaron.
El organismo fiscalizador también acusa a Lavín de presentar declaraciones de impuestos incompletas o falsas entre 2018 y 2024, con el objetivo de subdeclarar sus ingresos y pagar un impuesto menor al que realmente correspondía.
Este nuevo flanco judicial se suma a la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía Metropolitana Oriente, que busca que Lavín pueda ser formalizado sin su inmunidad parlamentaria. A esta petición ya se adhirieron el Consejo de Defensa del Estado y la Municipalidad de Maipú, lo que incrementa la presión sobre el legislador.
La audiencia de alegatos está fijada para el próximo martes 16 de septiembre, jornada en la que la defensa de Lavín intentará evitar el retiro de su fuero parlamentario. De ser aprobado el desafuero, el diputado podría ser formalmente imputado por fraude al fisco y delitos tributarios, quedando expuesto a eventuales medidas cautelares.
