
La ausencia del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, ante la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado generó un fuerte malestar entre legisladores y autoridades regionales, quienes esperaban conocer los criterios detrás de los recortes presupuestarios proyectados para los Gobiernos Regionales en la Ley de Presupuestos 2026.
El senador José Pilo Durana, representante de la única región bifronteriza del país, no ocultó su molestia y calificó la inasistencia del secretario de Estado como “una falta de respeto”. “Acudimos a la Comisión junto a dirigentes de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (Agorechi) para entender cómo se distribuyen estos ajustes, pero ni Grau ni representantes de la Dirección de Presupuesto estuvieron presentes”, señaló el legislador.
Durana enfatizó que la región enfrenta desafíos excepcionales: narcotráfico, crimen organizado, migración irregular y una caída sostenida de su desarrollo económico. “Una rebaja presupuestaria golpea directamente a una zona que depende de la inversión pública como motor de crecimiento. ¿Dónde está la preocupación por la frontera que dice tener el Gobierno?”, cuestionó.
El senador sostuvo que la defensa de las fronteras no solo implica seguridad, sino también inversión para fomentar desarrollo y oportunidades económicas, algo que, según él, el Ejecutivo ha desatendido.
La polémica se intensifica al considerar la conmemoración del centenario del Tratado de 1929, un hito histórico que el Gobierno planifica celebrar con obras de infraestructura significativas. Durana criticó que, mientras Perú invierte y potencia su frontera, el Estado chileno “decida asfixiar a Arica y Parinacota con recortes presupuestarios, cuando se requeriría todo lo contrario”.
La sesión, presidida por la senadora Paulina Vodanovic, contó con la participación de representantes de Agorechi y varios gobernadores regionales: Pablo Silva (O’Higgins), Pedro Álvarez (Maule), Óscar Crisóstomo (Ñuble) y Diego Paco (Arica y Parinacota), este último de manera telemática. Todos coincidieron en la necesidad de obtener claridad sobre los criterios de asignación y aseguraron que la incertidumbre presupuestaria complica la planificación de proyectos regionales esenciales.
El vacío dejado por el Ministerio de Hacienda refleja, según los legisladores, una falta de coordinación entre el nivel central y las regiones, mientras se discute un presupuesto que impactará directamente en infraestructura, educación, salud y desarrollo económico local.
La preocupación es especialmente alta en zonas fronterizas y de menor desarrollo relativo, donde cada peso de inversión estatal se traduce en seguridad, empleo y oportunidades para las comunidades, factores que los dirigentes regionales temen ver reducidos ante decisiones presupuestarias centralizadas y sin explicación pública.