En un escenario donde las municipalidades reciben recursos millonarios provenientes del Royalty Minero, la transparencia sigue siendo una deuda pendiente.
Una reciente fiscalización del Consejo para la Transparencia (CPLT) reveló que más del 60% de los municipios beneficiados con los llamados “Fondos Puente” de 2024 no publicó de manera completa ni adecuada cómo se utilizaron estos recursos.
El Royalty Minero, impuesto específico aplicado a las grandes empresas extractoras de minerales, genera fondos que deberían destinarse a promover inversión, desarrollo regional y mejorar la calidad de vida de las comunidades. Sin embargo, la obligación legal de informar sobre su uso, establecida en la Ley de Presupuestos 2024, no se cumple en la práctica por una gran parte de los municipios.
Transparencia en jaque
El CPLT realizó un análisis exhaustivo de los portales de transparencia activa de las 307 comunas beneficiarias de los Fondos Puente, así como una revisión de solicitudes de información dirigidas a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) y a una muestra de los 20 municipios con mayor incremento proporcional en sus presupuestos.
Los resultados son alarmantes: 187 municipios, equivalentes al 61% de los beneficiarios, incumplieron con la obligación de publicar los informes presupuestarios correspondientes a los fondos del Royalty Minero.
Los incumplimientos varían desde no habilitar el subítem específico de Royalty Minero, hasta publicar información incompleta o en secciones distintas a las establecidas por la normativa. A esto se suman 9 municipalidades que, aunque no recibieron fondos, tampoco informaron correctamente que no fueron beneficiarias, rompiendo con la obligación mínima de transparencia.
Dinero repartido, pero poco conocido
Durante 2024, los fondos entregados a las municipalidades ascendieron a $93.645 millones, distribuidos entre 307 comunas. Del total de los recursos, un 37% se destinó a iniciativas de inversión, un 23% a bienes y servicios de consumo, un 18% a transferencias corrientes, un 12% a adquisición de activos no financieros y un 8% a gastos en personal. Entre los mayores receptores se cuentan Puente Alto, Calama, Maipú, Copiapó y La Pintana.
Los usos reportados incluyen desde transferencias a corporaciones municipales de salud, educación y deporte, hasta recarpeteo de calles, aseo domiciliario, adquisición de vehículos municipales como ambulancias y camiones aljibe, y compra de mobiliario y equipos computacionales. Sin embargo, gran parte de esta información no está accesible al público a través de los portales de transparencia activa, dificultando la fiscalización ciudadana.
2025: más fondos, menos información
Para 2025, los Fondos Puente se duplican, alcanzando más de $218 mil millones, pero la obligación de publicar los gastos en transparencia activa desaparece. De la revisión de los portales de 20 municipios con mayor incremento presupuestario, solo cuatro comunas reportaron voluntariamente información sobre la ejecución de los recursos, mientras que 10 no publicaron nada y seis publicaron mensajes parciales o formatos dispares.
Municipios como Combarbalá, Litueche, Nogales y Canela no habilitan subítems específicos, y otros, como Catemu, Chañaral y Ollagüe, no presentan información del 2025 a pesar de haber recibido fondos.
Un llamado urgente a la rendición de cuentas
Natalia González, presidenta del CPLT, enfatizó la gravedad de la situación: “Se trata de cuantiosas sumas de dineros públicos que deben ser destinadas a promover la inversión, el desarrollo y mejorar la calidad de vida de las comunidades. Conocer cómo se gastan es un derecho ciudadano. Los resultados de nuestra fiscalización evidencian que los gobiernos locales aún tienen una brecha importante en transparencia y rendición de cuentas. Nuestro compromiso es acortar esta brecha con todas las herramientas legales que la ley nos otorga”.
La fiscalización evidencia que, mientras los fondos fluyen hacia las municipalidades, la información sobre su destino real sigue siendo fragmentaria, incompleta o, en muchos casos, inexistente. La ciudadanía, que debería ser la principal beneficiaria de estos recursos, se encuentra así con limitadas posibilidades de controlar la inversión de estos dineros.
Fondos Puente y su marco legal
Creado bajo la Ley N°21.591 y regulado por la Ley de Presupuestos de 2024, el Fondo de Comunas Mineras y el Fondo de Equidad Territorial buscan mitigar las externalidades de la minería y compensar las desigualdades entre comunas. Los Fondos Puente, transitorios, adelantaron la entrega de estos recursos antes de la recaudación completa del Royalty Minero.
A pesar de la normativa clara y de las instrucciones específicas del CPLT y SUBDERE, gran parte de los municipios no cumple con los estándares de transparencia y rendición de cuentas, dejando en evidencia la necesidad de una supervisión más estricta y de un compromiso real con la ciudadanía.
Revisa el informe completo aquí:
