Una mañana de tensión se vivió en el sector de tomas La Pampa en Alto Hospicio, cuando Carabineros logró detener a Carlos Alberto Cordero Arrioja, un hombre de nacionalidad venezolana que arrastraba una orden de detención vigente desde 2020 por graves delitos de violencia intrafamiliar. Lo que parecía una detención rutinaria se tornó aún más delicada al ser sorprendido portando un revólver y municiones aptas para el disparo.
El origen de la orden de detención
Los hechos por los cuales Cordero Arrioja permanecía requerido por la justicia se remontan al 9 de septiembre de 2020, alrededor de las 18:30 horas. Según relató el abogado asistente de la Fiscalía, Gonzalo Artus, aquel día el imputado llegó al domicilio que compartía con su conviviente y, de manera violenta, le arrebató el teléfono celular para revisarlo. Lo que comenzó como una discusión derivó rápidamente en amenazas de muerte y agresiones físicas, dejando a la víctima con lesiones leves constatadas por el médico de urgencia.
Pero la violencia no se detuvo allí. Mientras la víctima realizaba la denuncia en la 3ª Comisaría de Alto Hospicio, vecinos del sector observaron al imputado ingresar nuevamente a la vivienda que compartían, donde provocó un incendio que destruyó por completo el inmueble, antes de darse a la fuga.
La detención y formalización
El arresto se produjo tras meses de seguimiento y coordinación entre la Fiscalía y Carabineros, quienes lograron interceptar al imputado en La Pampa. Durante la detención, Cordero Arrioja fue encontrado con un revólver y municiones listas para disparar, elementos que agravaron su situación judicial.
En la audiencia de formalización, la Fiscalía de Alto Hospicio lo imputó por amenazas y lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, incendio e infracción a la Ley de Control de Armas, argumentando que su libertad representaba un riesgo para la seguridad de la comunidad. El tribunal acogió la solicitud y decretó su prisión preventiva, fijando un plazo de investigación de 60 días.
Una comunidad en alerta
Vecinos del sector relataron su preocupación por los antecedentes del imputado y la violencia que se había desplegado en su entorno familiar. “Es una persona peligrosa, nos sentimos más seguros sabiendo que está detenido”, señaló uno de los residentes, evidenciando el impacto de estos hechos en la percepción de seguridad local.
Con la medida de prisión preventiva, la Fiscalía busca resguardar a la víctima y prevenir que el imputado vuelva a poner en riesgo a la comunidad, mientras avanza la investigación para esclarecer todos los detalles de los episodios de violencia y el incendio que devastó la vivienda en Alto Hospicio.
