
En una decisión que cierra un vacío legal generado por la aprobación del voto obligatorio en la Cámara de Diputados, la Comisión de Gobierno del Senado aprobó este miércoles la indicación del Ejecutivo que establece sanciones económicas para los ciudadanos que no participen en los comicios.
La medida fija una multa que oscila entre 0,5 y 1,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalentes a $34.632 y $103.897, tomando como referencia la UTM de septiembre de 2025.
La decisión fue despachada a la Sala de la Cámara Alta, donde se someterá a votación antes de seguir su tramitación para convertirse en ley.
Tres propuestas en discusión
Durante la sesión, se evaluaron tres alternativas: la iniciativa presentada por el Ejecutivo, otra impulsada por senadores oficialistas y una tercera de la oposición. Tras deliberaciones extensas, prosperó la propuesta del gobierno, que retoma la idea original de la diputada Joanna Pérez (Demócratas) y busca garantizar que el voto obligatorio tenga consecuencias concretas para los ciudadanos.
La ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, destacó la estrategia del Ejecutivo de avanzar en dos frentes:
- La sanción por no votar y el procedimiento para su cobro por parte de los municipios.
- Una reforma constitucional que eleva los requisitos para que los extranjeros puedan sufragar, ampliando a 10 años el tiempo de residencia necesario y exigiendo cédula de identidad vigente, aplicable en el siguiente proceso electoral.
Cómo se aplicará la sanción
Según explicó Lobos, se incorpora un artículo 139 bis, que establece la sanción económica como un beneficio municipal, lo que significa que el cobro será gestionado por las municipalidades. La iniciativa busca que la norma tenga efectos reales y no quede solo en un marco legal sin aplicación.
Si bien la oposición había propuesto una multa máxima de 3 UTM, la comisión optó por la fórmula del Ejecutivo, con un rango de 0,5 a 1,5 UTM, buscando un equilibrio entre cumplimiento obligatorio y proporcionalidad de la sanción.
Próximos pasos legislativos
Con la aprobación en comisión, la iniciativa avanza ahora al pleno del Senado para su votación. Tras ese paso, retornará a la Cámara de Diputados antes de convertirse en ley, asegurando que el mecanismo de sanción quede incorporado en el marco del voto obligatorio vigente para los próximos comicios.
El debate refleja la importancia que otorga el Ejecutivo a garantizar la participación electoral, mientras ajusta los detalles legales para que los ciudadanos y los municipios puedan cumplir y aplicar la normativa sin ambigüedades.