El Primer Tribunal Ambiental determinó que el Estado de Chile debe reparar los daños ocasionados por la acumulación de residuos textiles, neumáticos y escombros en el Desierto de Atacama. La sentencia establece un plan integral de restauración y marca un precedente en responsabilidad ambiental estatal.
Decenas de miles de toneladas de basura que se acumulaban desde hace más de una década en la comuna de Alto Hospicio finalmente tendrán que ser removidas, gracias a la acción judicial impulsada por la abogada medioambientalista Paulin Silva Heredia, oriunda de Iquique.
En declaraciones recientes, Silva relató la magnitud de la causa: “Una causa bastante larga, como saben, una sentencia de 190 páginas, fueron tres años de juicios, audiencias, documentos, informes… Pero básicamente mi contraparte fue el Estado de Chile y la Municipalidad de Alto Hospicio. Demandé a ambos entidades solidariamente”.
La abogada explicó que la lógica de la demanda se centró en la propiedad y administración del terreno, donde se concentraron los residuos: “Si el terreno hubiera sido privado, hubiese demandado al dueño. Pero estos terrenos son administrados por el Estado, por tanto, el Estado debe hacerse responsable de las amenazas y riesgos que se generan allí”.
Un daño ambiental de gran escala
El Primer Tribunal Ambiental concluyó que el daño ocasionado es grave y significativo, afectando ecosistemas locales, bloqueando nidos, atrayendo depredadores como perros, gatos y roedores, y dispersando microplásticos que ponen en riesgo a especies como la golondrina de mar negra.
Silva señaló que solo la ropa “fast fashion” representa unas 50.000 toneladas al año en la zona norte. Entre el 60% y 70% termina como residuo, afectando unas 20 hectáreas de terreno. Esta ropa, producida en masa y de ciclo corto, contiene microplásticos y derivados del petróleo que dañan suelos y ecosistemas.
Los vertederos irregulares se concentran en Pampa Norte, Pampa Sur, Mollecita Norte y Sur, así como en áreas como La Mula, Camino a Caleta Buena y Huantajaya, donde la acumulación de residuos textiles, neumáticos y escombros se ha intensificado en los últimos años.
Cómo llega la basura al desierto
Según Silva, la Zona Franca de Iquique juega un rol central: “El ingreso de estos productos no está prohibido, no tenemos un sistema de reutilización ni de disposición final, y el Estado ha permitido que los productos lleguen sin restricción. Por ello, la responsabilidad recae sobre quien administra el terreno”.
La abogada descartó demandar a los empresarios de la zona franca por la dificultad de acreditar su responsabilidad directa, argumentando que la lógica judicial apuntaba a la administración estatal de los terrenos.
Un plan de reparación integral
La sentencia exige al Estado de Chile presentar en seis meses un plan de reparación ambiental, que incluye:
- Retiro seguro de residuos.
- Restauración del suelo y del paisaje.
- Cierre y contención de los vertederos.
- Monitoreo y vigilancia ambiental.
- Educación comunitaria para prevenir futuras acumulaciones.
El fallo subraya que la magnitud y permanencia del daño superan lo local, afectando funciones ecosistémicas y la integridad visual del territorio. Además, obliga al Estado a asumir responsabilidad por omisión y falta de medidas de mitigación, marcando un precedente histórico en materia ambiental en Chile.
Impacto y relevancia
La abogada destacó la importancia de la medida para proteger a las futuras generaciones de aves y la biodiversidad del desierto: “Estamos hablando de ecosistemas frágiles, especies vulnerables y un daño que ha sido tolerado por décadas. Esta sentencia obliga a cambiar la forma en que se manejan los residuos en el norte de Chile”.
La condena también evidencia la urgencia de políticas de manejo de residuos, promoviendo la conciencia ambiental y estableciendo un estándar de responsabilidad estatal frente a vertederos ilegales en zonas críticas como el Desierto de Atacama.
