El Congreso chileno dio un nuevo paso en la discusión sobre uno de los temas más sensibles de la agenda legislativa: la eutanasia. La Comisión de Salud del Senado aprobó en general, por tres votos contra dos, la idea de legislar sobre una norma que permitiría a las personas con enfermedades terminales e incurables acceder a la muerte asistida bajo estrictos requisitos médicos y legales.
Una votación estrecha y cargada de simbolismo
La decisión estuvo marcada por un estrecho margen. Los senadores Juan Luis Castro (PS), Ximena Órdenes (Ind) e Iván Flores (DC) votaron a favor, mientras que Francisco Chahuán (RN) y Sergio Gahona (UDI) lo hicieron en contra. Con este resultado, el proyecto avanza ahora a la Sala de la Cámara Alta, donde continuará su tramitación.
La votación no se dio en un vacío: fue precedida por intensas audiencias públicas en las que participaron médicos, juristas, representantes de organizaciones civiles, e incluso el cardenal Fernando Chomali, arzobispo de Santiago, quien reiteró su rechazo a la eutanasia por considerarla contraria a la protección de la vida.
Qué contempla el proyecto
La iniciativa establece que toda persona mayor de 18 años, chilena o extranjera con al menos un año de residencia legal, que padezca una enfermedad terminal o incurable que le cause sufrimientos persistentes e intolerables, pueda solicitar asistencia médica para adelantar su muerte.
El procedimiento incluye una serie de resguardos:
- Confirmación del diagnóstico por dos médicos especialistas.
- Evaluación de un psiquiatra que certifique la plena capacidad mental del solicitante.
- Manifestación escrita de la voluntad, ante dos testigos y un ministro de fe.
- Posibilidad de arrepentirse en cualquier momento.
- Creación de un comité técnico de evaluación que revisará cada caso.
Además, se incorpora la opción de voluntades anticipadas, para que la persona pueda dejar expresado su deseo antes de recibir un diagnóstico terminal.
Posturas enfrentadas en el Senado
Los votos en contra vinieron desde la oposición. El senador Francisco Chahuán sostuvo que el proyecto “abre una puerta que vulnera el derecho a la vida y la obligación del Estado de garantizar atención de salud digna y oportuna”. En la misma línea, Sergio Gahona enfatizó que, desde su perspectiva, “el respeto a la vida debe regir desde la concepción hasta la muerte natural”.
En contraste, los senadores que respaldaron la iniciativa destacaron el principio de autonomía personal. Juan Luis Castro afirmó: “Soy católico, pero creo que la fe no puede imponerse sobre el derecho de las personas a decidir con dignidad su hora final”. Por su parte, Ximena Órdenes recordó que “este debate lleva casi 15 años en el Parlamento, y ya es hora de que avancemos con una legislación que responda a una demanda ciudadana creciente”.
El debate ético que viene
Más allá de lo técnico, la discusión sobre la eutanasia refleja un profundo choque de visiones éticas, religiosas y sociales. El senador Iván Flores, presidente de la Comisión de Salud, reconoció que el mayor nudo que deberá abordarse en la Sala es la objeción de conciencia de los médicos y equipos de salud, un tema que divide tanto al Congreso como a la comunidad médica.
De aprobarse en todas sus etapas, el Ministerio de Salud tendría seis meses para redactar un reglamento que precise definiciones clave: qué se entiende por enfermedad terminal, cómo funcionarán los comités de evaluación y cuáles serán los protocolos que deberán seguir los hospitales y clínicas.
Un debate con respaldo ciudadano
Pese a las diferencias políticas y religiosas, la discusión se da en un contexto donde la opinión pública parece ir un paso adelante. Encuestas recientes muestran que siete de cada diez chilenos se declaran a favor de la eutanasia, reflejando una tendencia de mayoritaria aceptación que ya se observa en varios países de Europa y América Latina.
El debate que ahora se abre en la Sala del Senado promete ser intenso, cargado de argumentos médicos, jurídicos y filosóficos. Lo que está en juego, como señaló uno de los senadores durante la sesión, no es solo una ley, sino “la definición de cómo entendemos la dignidad humana en el final de la vida”.
