ESCÁNDALO SACUDE AL GOBIERNO DE MILEI, COMPLICA A SU HERMANA KARINA Y AL CLAN MENEM: INVESTIGAN PRESUNTAS COIMAS EN AGENCIA DE DISCAPACIDAD
El gobierno del presidente Javier Milei enfrenta el escándalo más grave de su gestión tras la difusión de audios que vinculan a Karina Milei, “El Jefe”, y a su asesor Eduardo “Lule” Menem en un presunto esquema de cobro de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la Andis recientemente desplazado de su cargo, revelan un presunto sistema de “retornos” del 8% a las droguerías proveedoras, de los cuales al menos un 3% estaría destinado a Karina Milei. La denuncia penal presentada por el abogado Gregorio Dalbón incluye también al presidente Milei y al empresario Eduardo Kovalivker, dueño de la droguería Suizo Argentina, proveedor estatal involucrado en los sobreprecios detectados.
El caso adquiere mayor complejidad por la participación del clan Menem. Eduardo “Lule” Menem, asesor cercano a Karina Milei, es sobrino del expresidente Carlos Saúl Menem y parte de una familia históricamente vinculada a la política y a negocios cuestionados en Argentina. Además, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y primo de “Lule”, ha declarado públicamente que el caso es una “operación política del kirchnerismo”, intentando desligar a la familia de las acusaciones.
Según datos de La Nación, la agencia de Discapacidad pagó en promedio un 30% más por siete medicamentos en el último año, con un sobreprecio del 63% en la Asparaginasa Pegilada, utilizada en tratamientos de leucemia. Además, la droguería mencionada multiplicó por más de 25 sus contratos con el Estado en apenas un año, pasando de AR$3.898 millones en 2024 a AR$108.299 millones en 2025.
Mientras la Justicia investiga posibles delitos de cohecho, administración fraudulenta y asociación ilícita, el gobierno sostiene que se trata de “una operación política del kirchnerismo” en vísperas de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el caso ha intensificado la crispación social, generando protestas e incidentes en actos oficialistas en varias ciudades.
Spagnuolo podría convertirse en “imputado colaborador” si decide declarar como arrepentido, lo que podría hundir aún más al gobierno libertario o forzar un acuerdo para mitigar el impacto político del escándalo.
