En una resolución adoptada de manera unánime, la justicia decidió absolver a todos los imputados en el juicio seguido por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), quienes enfrentaban acusaciones por delitos de fraude y subvenciones.
El fallo benefició a Miguel Ángel Quezada Torres, Lilian Plaza Bravo, Daniela Cecilia Solari Vega y Dionisio San Muñoz Cancino, quienes habían sido señalados como presuntos responsables de delitos contemplados en los artículos 321 y 323 del Código Penal.
De igual manera, el tribunal absolvió a Juan Carlos Ayala Brito, Jimena Andrea Ciudad Varela, Gabriel Leonardo Díaz Durán y Rodrigo Andrés Vega Laferte, quienes enfrentaban cargos por un supuesto delito de fraude de subvenciones, establecido en el artículo 470 número 8 en relación con el artículo 467 del Código Penal.
La decisión judicial señala que no existieron pruebas suficientes para acreditar las acusaciones formuladas por el Ministerio Público y el CDE, lo que llevó a la absolución de los acusados y al cierre del proceso en su contra.
